La Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de La Libertad, a cargo del fiscal Wilder Omar Delgado Flores, archivó la denuncia presentada contra la presidenta del Consejo Regional de La Libertad, Tania Lorena Carranza Blas, por el presunto delito de cohecho pasivo.
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El caso
La denuncia la formuló en febrero último Manuel Benjamín Ruiz Briones, presidente de la Comisión de Educación de la Asociación Cívica de Defensa de los Intereses del Perú, tras la difusión de un audio en donde se escucharía a la presidenta de la Mesa Directiva solicitando dádivas.
En la denuncia se consignó que la consejera por la provincia de Julcán habría pedido a un dirigente de la Asociación de Padres de Familia (Apafa) del colegio San Antonio que agasajen a Martín Namay, gerente general del Gobierno Regional de La Libertad; Jorge Bringas, gerente de Infraestructura; y Martín Camacho, gerente de Educación, porque llegarían a su localidad. Esto, a pesar de que los funcionarios viajaron con viáticos pagados por el Estado.
“Yo le pido, por favor, que se pueda organizar un pequeño detallito o qué sé yo, una chalinita, un gorrito, unos guantecitos o no sé, lo típico de ahí pues, ¿no? Una canastita con papas o qué sé yo, un quesito, el tema es que se vea el detalle hacia ellos. Entonces, yo le pido por favor su apoyo con eso”, se le escucharía decir a Carranza.
Luego, reiteraría la solicitud. “Yo le pediría su apoyo, sí, con eso nada más; pero sí está programado mediodía la llegada ahí, y si se puede apoyar en el almuercito, porque venimos desde Calamarca, genial, yo le estaría eternamente agradecida”, continúa.
Tras analizar el audio, la Fiscalía indicó que el mismo no correspondería al registro completo de la conversación, ni representaría fielmente el contexto de los hechos. Además, el fragmento difundido en redes sociales no incluye el inicio ni el desarrollo total del diálogo.
Además, el Ministerio Público concluyó que “no existe una conexión funcional entre el cargo de la funcionaria y los pedidos mencionados”, por lo que no se configura el delito de cohecho pasivo impropio.
La Fiscalía resaltó también que el ejercicio de la persecución penal está condicionado al principio de legalidad y racionalidad, por lo que “no toda conducta inadecuada o éticamente cuestionable constituye necesariamente un delito penal, sin perjuicio de eventuales responsabilidades administrativas”.
Al respecto, Lorena Carranza consideró que la denuncia “no solo fue injusta, sino también malintencionada y carente de sustento”.
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