Investigarán presuntas vacunaciones irregulares en La Libertad

La gestión de Kerstyn Morote García en la gerencia regional de Salud ha recibido un duro llamado de atención de parte de la Contraloría General de la República. En un informe que publicara en su edición de ayer este Diario, el órgano de control precisó una serie de “situaciones adversas” detectadas durante la aplicación de vacunas contra el COVID-19 a personas mayores de 70 y 80 años en la provincia de Trujillo, entre el 26 de abril y 22 de junio.

Respuesta

“[…] se han advertido situaciones adversas que afectan o podrían afectar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos relacionados al proceso de vacunación contra el COVID-19”, concluye el Informe de Hito de Control N° 005-2021-OCI-GERESA/0640-SCC.

En la parte final del mismo, se recomienda “hacer de conocimiento” estas “situaciones adversas” a la gerenta regional de Salud (Kerstyn Morote) con el objetivo que “se adopten las acciones preventivas y correctivas que correspondan”.

El último martes, en vísperas de la publicación del informe, Correo intentó conocer la versión de Morote García, pero la funcionaria se disculpó e indicó que no podía responder la llamada porque se encontraba en una reunión laboral. Sin embargo, horas después, se comunicó con nosotros y enfatizó lo siguiente: “[…] se van a hacer todas las investigaciones y vamos a responder cada punto observado. Si hay un incumplimiento de la norma, se tiene que sancionar”.

Según el informe, el 30 de abril, en el centro de vacunación que se instaló en el Estadio Municipal del distrito de La Esperanza Víctor Raúl Haya de la Torre, “se advirtió que 19 personas mayores de 70 años fueron vacunadas” pese a que entre el 28 y 30 del mismo mes solo se había programado inmunizar a ciudadanos de 80 años a más”.

“Se va a hacer la investigación respectiva. Recordemos que ese día no tenían que vacunarse mayores de 70 años, sino mayores de 80, pero en ese momento había otra coordinadora de inmunizaciones que emitió un correo electrónico no autorizado por el Comité de Inmunizaciones Regional. Bueno, ahí se responderá”, indicó la gerenta de Salud.

Respecto a la inmunización de 18 personas que acudieron al vacunacar instalado en el Terminal Terrestre de Trujillo sin vehículo, el 13 de mayo, Morote respondió: “No se le puede prohibir la vacuna a una persona que está dentro del grupo etario. No le voy a decir, oye, súbete a un taxi y anda a un centro de vacunación. Ese día, además, se me indicó que había personas en espera en el terrrapuerto que no podían trasladarse hasta un centro de vacunación porque era muy lejos. Entonces, se autorizó la vacunación”.

Otra inoculación presuntamente indebida que detectó la Contraloría, el mismo 13 de mayo, fue la de un hombre de 73 años en el colegio San Juan cuyo domicilio no se encontraba registrado en el distrito de Trujillo, sino en Florencia de Mora. “Del 13 al 15 de mayo, la Geresa programó solo la aplicación de la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19 a los pobladores de 70 años residentes en el distrito de Trujillo”, puntualizó el orden de control.

“En ningún momento pedimos recibo de luz o agua porque la persona pudo estar residiendo en Trujillo y no se tiene por qué limitar la vacuna”, sostuvo Morote García.

La funcionaria aseguró que estas y otras supuestas irregularidades detectadas por la Contraloría no afectan su gestión. “La Contraloría, dentro de sus actividades, puede hacer observaciones, a las cuales nosotros responderemos dentro del marco de la ley y la normatividad vigente. Aclaro que el proceso [de inmunización] siempre se ha llevado con total transparencia”, resaltó.