Están involucrados cinco ex funcionarios y/o exservidores públicos de la empresa de servicios de agua potable y alcantarillado.
Están involucrados cinco ex funcionarios y/o exservidores públicos de la empresa de servicios de agua potable y alcantarillado.

La halló irregularidades en la aprobación del expediente técnico y la ejecución de una obra de agua potable y saneamiento, que debía beneficiar a los habitantes del centro poblado Pacanguilla del distrito de Pacanga, ubicado en la provincia de Chepén, ocasionando un perjuicio económico de S/ 1 millón para la Empresa de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de La Libertad (Sedalib S. A.).

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El Informe de Auditoría Cumplimiento Nº 008-2022-2-0264-SCE, que comprende el período del 15 de febrero de 2016 al 10 de diciembre de 2019, señala que la obra tuvo una inversión pública que superó los S/ 16 millones y fue financiada por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), el cual observó el expediente técnico en lo referido a especificaciones técnicas, estudios básicos, presupuestos y otros.

Ante ello, Sedalib S.A. contrató a un consultor para el levantamiento de las observaciones mencionadas, sin embargo, el expediente técnico fue aprobado sin que fuera subsanado, lo que generó un sobrecosto en este documento guía de la obra y por lo tanto a una sobrevalorización en su ejecución, que causó un perjuicio económico de S/ 95 mil.

Asimismo, durante la ejecución de la obra, se aprobaron ampliaciones de plazo sin sustento que permitieron la ejecución de trabajos con 37 días de retraso injustificado, la no aplicación de penalidad por mora así como la aprobación de presupuestos de adicionales y presupuestos de deductivos vinculantes de obra, que generaron un perjuicio económico de S/ 982 mil y que la obra no culmine en el plazo previsto.

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Por los hechos expuestos cinco ex funcionarios y/o servidores públicos de Sedalib S.A. tendrían presunta responsabilidad penal y/o civil. El informe fue comunicado al procurador público especializado en delitos de corrupción y al procurador público de la Contraloría General para el inicio de las acciones legales que correspondan.