María del Carmen Olórtegui Risco, comisionada de la Defensoría del Pueblo en la región La Libertad, confirmó que la Contraloría General de la República ha solicitado información “urgente” sobre su encargatura en el puesto.
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El órgano fiscalizador pretende esclarecer los detalles de su designación, toda vez que se cuestionó públicamente que detrás de la misma habría intereses políticos, más que méritos de la funcionaria.
Olórtegui Risco, quien es militante de Alianza para el Progreso (APP), asegura que no hay nada irregular en su nombramiento y por eso ya se ha dispuesto que el área competente responda el requerimiento a la Contraloría.
Es oficial
El requerimiento de la Contraloría, del 27 de enero, está firmado por William León Huertas, gerente regional de Control de La Libertad
Es más, se le otorga a Olórtegui un plazo no mayor de tres días hábiles para que remita la información requerida.
Desde su designación en noviembre del año pasado, la funcionaria fue blanco de cuestionamientos, ya que no cumpliría con el perfil para el puesto y, además, milita en APP.
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Defensa
No obstante, al igual que lo hizo en esa ocasión, ayer volvió a defender su encargatura y recalcó que no es necesario ser abogado para ocupar el puesto.
María del Carmen Olórtegui Risco es psicóloga de profesión y no ha renunciado a su militancia en APP. Lo que sí hizo fue solicitar licencia.
Empero, otro punto que se le criticó fue la falta de experiencia en gestión pública. Pero, la psicóloga indicó sí tiene trayectoria como encargada del área de Responsabilidad Social y jefa de Desarrollo de Talentos en la Universidad César Vallejo (UCV).
“Yo sigo trabajando, no hay ningún problema. Yo soy psicóloga y la costumbre siempre ha sido que el cargo lo ocupe un abogado. Ya hemos respondido a eso, considero que esta solicitud de información es algo de rutina y como no hay nada que esconder ni negativo, ya hemos contestado. Pero la verdad es que hay tantas cosas que hacer en la Defensoría del Pueblo y estamos atendiendo todo ello”, enfatizó.
Contraloría tendrá que revisar la documentación que emitió la Defensoría del Pueblo y se pronunciará sobre la designación de Olórtegui Risco.
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