Municipio otorgó la buena pro para la adquisición de camionetas y equipos de seguridad ciudadana un mes después de haberse clausurado evento para el que se requerían.
Municipio otorgó la buena pro para la adquisición de camionetas y equipos de seguridad ciudadana un mes después de haberse clausurado evento para el que se requerían.

La situación legal del alcalde de Trujillo, José Ruiz Vega, se complica. El fiscal adjunto de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, Jairo Roldan Álvarez, aseguró que el sustento legal con el que se aprobó la compra de camionetas y equipos de seguridad ciudadana el 2013 en Huanchaco, durante la época en que Ruiz era regidor, no existió.

Durante la audiencia de juicio oral que se desarrolló esta tarde, el representante del Ministerio Público reveló que el municipio sustentó la aprobación de la compra, valorizada en más de un millón de soles, en la necesidad de tener los equipos para los Juegos Bolivarianos que se desarrollaron entre el 15 y el 25 de noviembre de 2013.

Sin embargo, “la buena pro (para la compra) fue otorgada el 23 de diciembre, es decir a un mes de haberse clausurado estos Juegos los Bolivarianos, que presuntamente fueron el fundamento para sustentar una necesidad urgente”.

Para el fiscal Jairo Roldan, habría existido un interés de los investigados para aprobar la adquisición, pues el informe que detallaba la necesidad de la compra de estos equipos fue emitido el 14 de noviembre, es decir un día antes de la inauguración del evento, lo que hacía imposible que lo que se comprara pueda usarse para el certamen.

“El Ministerio Público ha concluido que estos funcionarios (Ruiz y otros tres investigados: Eufemia Vásquez Carrillo, Ricardo Apolaya Tafur y Dilia Mestanza Rengifo) se interesaron en forma indebida, fueron desleales para con los intereses municipales, y más bien dirigieron su interés a terceros para con la exoneración que se aprobó en sesión de concejo extraordinaria de 2013″, acotó.

En ese sentido, ratificó su pedido de prisión de 4 años y 8 meses para Ruiz, así como la inhabilitación para ejercer cargos públicos y el pago de 180 días multa.

Tras escuchar los alegatos del fiscal y de la procuradora pública Anticorrupción de La Libertad, Karina Núñez Romero, el juez del Octavo Juzgado Penal Unipersonal Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de La Libertad, Julio Neyra Barrantes, reprogramó la audiencia para el próximo 10 de noviembre, a las 11:30 de la mañana.