Del 24 al 28 de junio, Trujillo fue sede del décimo quinto Congreso Nacional de Minería (CONAMIN). A diferencia de otros años, esta edición se realizó en un contexto de zozobra por la presencia de mineros ilegales que han convertido a este sector en uno de los más golpeados por el crimen organizado en La Libertad y otras regiones del país.
MIRA ESTO| Trujillo: Amenazas no cesan contra coronel PNP Víctor Revoredo
Una de las empresas que participó del evento fue Summa Gold Corporation, cuyo gerente general, Jaime Polar, advirtió —en entrevista con Correo— que si el Gobierno Central no detiene la minería ilegal, la situación será incontrolable
¿Cómo está Summa Gold teniendo en cuenta los últimos ataques que han sufrido distintas empresas mineras en La Libertad? Gracias por la pregunta. En realidad, estamos en una situación difícil porque creo que hay dos momentos. Cuando empezamos como Summa Gold en el cerro El Toro (Huamachuco), en septiembre de 2019, encontramos cinco mil mineros ilegales. Sin embargo, con una estrategia que comprendía a autoridades, Policía y los caseríos de nuestro entorno, incorporamos a estos mineros como trabajadores nuestros y la misma población empezó a brindarnos servicios. Esto generó un clima de formalidad, mano de obra y les cambió la mentalidad, pues de mineros ilegales pasaron a ser empresarios o trabajadores nuestros. Hace un año, no obstante, la situación comenzó a cambiar un poco.
¿Por la presencia de mineros ilegales provenientes de Pataz? Los mineros [ilegales] de Pataz tienen otra característica: no son minería subsistente, sino minería acompañada de delincuencia, con el uso de armas de largo alcance. Entonces, ya es otro escenario que nos complica aún más por la presencia de mineros ilegales en un terreno aledaño a nuestra operación minera, en [el caserío de] Coigobamba, perteneciente a la familia Polo Espejo.
¿El bosque El Polo? Sí, ellos albergan a estos mineros ilegales que trabajan de noche y no de día.
¿Cuál entonces es el escenario ahora? ¿Presencia de mineros ilegales convertidos en criminales? Exactamente, es otro tipo de mineros ilegales.
¿Cuánto afecta esto en la producción de oro? Mira, nosotros somos una operación a tajo abierto y ellos se meten por debajo. Eso hace que complique la operación normal nuestra. Hemos estimado que entre 10 y 20 por ciento se va a reducir nuestra producción porque hay zonas donde no podemos desarrollar la explotación.
¿Nos dice que no pueden crecer más por la presencia de estos mineros ilegales? Claro. En conjunto con los pobladores y las empresas que ellos han formado teníamos planeado subir nuestra producción a 90 o 100 mil onzas por año, pero ahora nos vamos a quedar solo en 80 mil. Además, hemos suspendido la exploración porque nuestros geólogos ya no están seguros, cualquier cosa les puede pasar.
Ante este escenario, ¿urge que en Sánchez Carrión se declare también el estado de emergencia? Lo hemos pedido. Lamentablemente, no hemos tenido acogida hasta el momento.
¿Ante quién lo han pedido? Ante las autoridades locales y regionales.
¿Han tenido comunicación directa con el gobernador (César Acuña)? Sí, le hemos explicado la problemática nuestra. Sé que no es fácil, pero es importante hacerlo porque no vamos a esperar que Huamachuco sea el nuevo Pataz porque si eso llegase a suceder, ya será imposible controlar esto.
La minería ilegal es un problema que data hace más de veinte años en el cerro El Toro. Incluso, hace poco hubo una interdicción, pero vemos que tampoco ha sido suficiente. No basta. La interdicción ocurre un día y al día siguiente los mineros vuelven. Lo que mejor nos ha funcionado es hacer un trabajo conjunto con las rondas campesinas y todas las autoridades. De otra forma es flor de un día: viene la Policía, hace su trabajo, pero al día siguiente vuelve la minería ilegal.
El ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho, ha dicho que el Reinfo (Registro Integral de Formalización Minera) no está funcionando. ¿Usted comulga con él? Totalmente de acuerdo. El Reinfo se ha vuelto en un negocio de alquiler. Hay pocos mineros en la zona que tienen Reinfo vigente y lo que hacen es alquilarlo para que los mineros ilegales usen esos documentos y transporten el mineral proveniente de Pataz y Huamachuco hacia Trujillo.
¿Cuánto les está afectando a ustedes el Reinfo? Mucho, porque son más o menos cuatro camiones diarios que nos roban de mineral.
¿Diarios? Sí, se meten por debajo de nuestra operación minera, extraen el mineral y lo cargan en camiones.
¿Y qué hacen la Policía y la Gerencia Regional de Energía, Minas e Hidrocarburos para detener esto? Les hemos comunicado, pero no tienen capacidad para enfrentarse a estos mineros ilegales repotenciados que vienen con armas y un nivel de violencia bien alta.
¿En dinero cuánto representan esos cuatro camiones? Es difícil cuantificar, pero más o menos podrían representar fácilmente unas 600 onzas por mes solo en nuestro yacimiento.
Según la consultora Macroconsult, el oro exportado ilegalmente en 2022 llegó a US$ 1,841 millones, lo que representa el 18% del total de las exportaciones auríferas del país en ese año. ¿Cuán grave es esto? Muy grave porque usted se ha quedado corto. Los últimos datos dicen que la minería ilegal registrada representa el 50% de la exportación de oro y no registrada se estima que está entre 10 y 20 por ciento más. ¿Qué significa? Que el oro ilegal que se exporta es más grande que el oro legal.
¿Adónde podemos llegar si esto no se controla? A un estado fallido porque la ilegalidad cada día crece muy rápido y la formalidad decrece por culpa del Estado, que con su famoso Reinfo lo único que hace es patente de corso para que la criminalidad se haga impune.
¿Qué es lo que usted plantea respecto al Reinfo? Eliminarlo, pero aquí hago un llamado: las mineras legales no pueden comprar a los mineros ilegales. Muchas empresas tienen el 50% de su producción proveniente de la compra de mineral.
¿Hay un juego sucio? No sé si sea sucio o no, pero es un juego perverso porque por un lado compran este mineral y eso alienta la proliferación de la minería supuestamente artesanal.
¿Tenemos un Congreso que apoya a la minería ilegal? Los hechos hablan por sí solos. Este decreto supremo que fue suspendido tuvo una votación mayoritaria del Congreso. La minería ilegal no mueve 4 mil, sino más de 5 mil millones de dólares al año. Es dinero suficiente para tener influencia en todos los niveles de gobierno.
¿Qué le pide usted a este Congreso? Que se ponga los pantalones y piense en el futuro del país. El futuro del país no puede pasar por la ilegalidad.
¿Siente usted respaldo del Ejecutivo? [Se queda en silencio y respira] Quisiéramos más respaldo. No solamente para nosotros, sino en general.
¿Siente que no los respaldan? Siento que la minería ilegal no está siendo vista en su verdadera magnitud y que ellos no ven el peligro que puede originar para el país a futuro.
¿Hay funcionarios corruptos? Debe haber, no sé. Lo que sí sabemos por fuentes extraoficiales es que la minería ilegal ha agarrado mucho poder y para ese poder tiene autoridades, congresistas e infiltrados en el Gobierno. Lamentablemente hay tanto dinero que sabemos que la minería ilegal corrompe mucho el aparato estatal.
¿Han identificado organizaciones criminales extranjeras en El Toro? Debe haber. Sabemos que los “guardaespaldas” que están operando en este momento en El Toro de forma ilegal son extranjeros.
¿Es urgente que el país reaccione? Por supuesto, nos vamos a convertir en un Estado fallido. Mira Ecuador, nuestro vecino.
En 2026 se termina el ciclo de vida de la mina en El Toro. ¿Qué viene después? Lamentablemente, las condiciones no se dan por temas de seguridad. Hemos suspendido todas las exploraciones. No podemos trabajar a nuestro alrededor.
