Yuri Armas, director de ADAS, cuestiona que establecimiento de salud que más permisos otorgó de manera irregular no esté comprendido en el proceso de investigación.
Yuri Armas, director de ADAS, cuestiona que establecimiento de salud que más permisos otorgó de manera irregular no esté comprendido en el proceso de investigación.

El director de la Asociación para el Desarrollo Agropecuario Sostenible (ADAS), Yuri Armas Peña, levantó su voz frente a la indagación que se ejecuta en la Fiscalía de la provincia de , frente a la entrega de certificados médicos a favor de trabajadores agroindustriales que solo buscaban una excusa para no asistir a su centro de labores. Según sostuvo, es cuestionable que, el establecimiento de salud que más certificados emitió fuera excluido de momento de este proceso.

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CUESTIONA

Armas precisó que tienen a un especialista que sigue al detalle este caso que surgió tras confirmarse que en Virú se otorgaron 50 mil certificados médicos. En ese sentido, precisó que el Policlínico del Norte emitió 8,542 certificados; no obstante, por ahora, fue excluido de este proceso.

“Hay un centro médico, el más grande de Virú, que ha sido excluido; o sea, no han sido llamados a la investigación, eso ya es sospechoso. Estamos hablando que se han expedido al rededor de 50 mil certificados, eso es 200 mil días de descanso, eso es increíble. Si la Fiscalía no cree que eso es raro y hay que preguntarle al Colegio Médico por qué han podido vender en solo una provincia 50 mil certificados, estamos mal. Están buscando en algún otro sitio para no encontrar nada”, sostuvo.


FISCALIZACIÓN

El representante de la asociación que agrupa a las empresas agroindustriales que operan en la región mencionó que también es prioridad que el Colegio Médico colabore en este caso.

“Hay que ver si tienen un registro de quiénes y cuántos certificados venden. No sé si sea prudente que el Colegio Médico venda certificados a las farmacias, por ejemplo. Ese tipo de libertinaje en la venta de certificados médicos debe ser fiscalizado por alguna entidad. En este caso, que se han cometido delitos, debería ser la Fiscalía quien llame a la decana del Colegio para que haga algunas apreciaciones sobre este proceso”, añadió.

Las empresas involucradas darán todas las facilidades, añadió.

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