Pese a promesas, familiares de los 13 trabajadores asesinados por organizaciones criminales no reciben apoyo y tienen que pagar traslados y sepelios. “Todos los gastos salen de nuestros bolsillos, de toda la familia y amistades que hacen sus colaboraciones”, indicó el pariente de una de las víctima.
Pese a promesas, familiares de los 13 trabajadores asesinados por organizaciones criminales no reciben apoyo y tienen que pagar traslados y sepelios. “Todos los gastos salen de nuestros bolsillos, de toda la familia y amistades que hacen sus colaboraciones”, indicó el pariente de una de las víctima.

Los familiares de los 13 trabajadores asesinados en la provincia de Pataz no reciben apoyo de las autoridades ni de la empresa que los llevó hasta el lugar en donde encontraron la muerte. La jefa de la Defensoría del Pueblo en , María del Carmen Olórtegui Risco, confirmó que los parientes de las víctimas tuvieron que correr con todos los gastos de traslado y sepelio, a pesar de las promesas que les hicieron tras encontrar sus cuerpos. Esto también fue reafirmado por familiares de los asesinados.

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Sin ayuda

El 5 de mayo, la empresa Libmar S.A.C. emitió un comunicado indicando que los trabajadores fueron asesinados cuando brindaban seguridad a sus mineros artesanales que cumplían labores en “concesiones de titularidad de Compañía Minera Poderosa S.A.”. Ante esto, aseguró que asumiría los gastos de traslado, velorio y sepelio.

“En solidaridad con los familiares de las víctimas y a efectos de brindar todo el apoyo, Libmar S.A.C. asumirá en su integridad todos los costos vinculados al traslado, velorio y sepelio de los trabajadores de resguardo y seguridad”, indicaron.

Sin embargo, ayer la jefa de la Defensoría del Pueblo en esta región aseguró que esto no se estaría cumpliendo. “Sé que todavía no hay apoyo de las empresas”, indicó ayer.

Agregó que el lunes se apersonó a la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) para verificar la situación laboral de las víctimas, con la finalidad de que se apoye a los deudos. Ante esto, dijo que la sede de Sunafil en Lima “abrió investigación a Poderosa, la empresa R&R y también a Libmar”.

“Los familiares todavía están en esa incertidumbre (de saber quiénes los apoyarán); sin embargo, hay que acelerar porque ellos tienen que costear algunas cosas”, dijo.

Quien también ofreció apoyo fue el gobernador César Acuña Peralta. Él dijo que iba a apoyar económicamente a las familias, a título personal. Sin embargo, ayer parientes de Frank Monzón Valeriano (24), una de las víctimas, aseguraron que nadie se comunicó con ellos.

“Todo está saliendo de nuestros bolsillos porque la minera, quienes han estado a cargo de ellos, no se ha pronunciado ni con un agua. Todos los gastos salen de nuestros bolsillos, de toda la familia y amistades que hacen sus colaboraciones. Autoridades, no hay presencia de nadie, ninguna autoridad, nadie, brillan por su ausencia”, dijo ayer uno de sus parientes a Exitosa Trujillo.

Monzón fue velado por la mañana en su casa del sector Víctor Raúl, en el distrito de El Porvenir, Trujillo. Por la tarde fue enterrado en el cementerio Jardines de la Paz.

En Piura, en tanto, ayer se despidió a Darwin Cobeñas Panta, mientras que en Lambayeque recibieron el último adiós César Rospigliosi Arellano y Josué Carbonel Beltrán.

Traslados

La Defensoría del Pueblo confirmó que la tarde de ayer la Morgue de Trujillo terminó de entregar los restos de las 13 víctimas. De ellas, dos se quedaron en La Libertad. Los demás cuerpos fueron llevados a Lambayeque (4), Amazonas (2), Piura (1), Tumbes (1), Cajamarca (1), Huánuco (1) y Ucayali (1).

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