Una relación de 20 procedimientos administrativos sancionadores iniciados por la Gerencia Regional de Energía, Minas e Hidrocarburos del Gobierno Regional de La Libertad no tuvieron un desenlace esperado. Según el consejero regional por la provincia de Trujillo, Robert de la Cruz Rosas, se dejaron caducar y con ello, más de 50 millones de soles no se cobraron.
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Denuncia
Uno de esos procesos iniciados fue contra José Agustín Arteaga López, quien fue enviado al penal de El Milagro por ser presunto líder de la organización criminal “La Gran FA”. De la Cruz, precisó que al minero, le impusieron una sanción de 7 millones de soles y una suspensión
“A él, cuando le hacen esta visita desde Fiscalización de la Gerencia de Minas, le encuentran cinco infracciones. De estas tenemos que la primera es de 1,500 UIT y la otra sanción es que se suspenda la inscripción de su Reinfo para que ya no pueda operar”, indicó.
Con la suspensión en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), Arteaga López, debía dejar las operaciones, aunque la decisión de suspender su autorización dependía únicamente del Ministerio de Energía y Minas. El consejero regional mencionó que, simplemente, Arteaga salió bien librado.
“Lo más grave es que el Reinfo, si bien es cierto, la Gerencia Regional de Energía y Minas no suspende ese permiso, pero si emiten informes pidiendo a que el Ministerio de Energía y Minas lo haga porque son los que otorgan y los que también te lo quitan, pero previos informes de la Gerencia Regional de Energía y Minas. Esto último no ha pasado. Este plazo para aplicar las sanciones venció el 20 de junio del 2023″, afirmó.
Impunidad
Efectivamente, para el consejero regional existen responsables y para ello enviará un documento a la Contraloría General de la República para que intervenga ante esta presunta impunidad contra mineros. Asimismo, precisó que hoy, en sesión de consejo, planteará que el gerente regional de Energía, Minas e hidrocarburos, Beder Martell Espinoza, responda ante el Pleno del Consejo por estas presuntas irregularidades.
“Al no pronunciarse la gerencia, esto caducó y originó un perjuicio de más de S/50 millones a la gestión. Esto irá a la Contraloría y también lo vamos a remitir a la Fiscalía para que tomen acciones”, añadió.
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