:quality(75)/author-service-images-prod-us-east-1.publishing.aws.arc.pub/elcomercio/98448bc7-d1ed-47a1-909e-fbdec178cdcd.jpg "Foto de Redacción Diario Correo")
El coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental, Frank Almanza Altamirano, “se sumó a las voces que consideran muy posible” que mineros ilegales financien las campañas de algunos políticos en las elecciones generales, regionales y municipales del otro año, indicó el portal periodístico Causa Justa.
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“Todo aquel que tiene poder económico busca poder político. Así que no sería extraño que el dinero de la minería ilegal financie candidaturas”, respondió Almanza a la pregunta de un periodista del referido medio respecto a si creía o no que el avance de la minería ilegal perturbaría las siguientes elecciones.
POSTURA
De acuerdo con un estudio de Ipsos publicado en mayo de este año —remarca el mismo portal—, “el 70 % de peruanos dijo que esta actividad financiará la próxima campaña electoral, mientras que el 82 % señaló que este grupo tiene actualmente influencia en el Congreso y los gobiernos regionales”.
Ante este panorama, y frente a la proximidad de los comicios, Frank Almanza comentó que los candidatos a diputados, senadores y presidente deben plantear soluciones claras sobre este problema que golpea a La Libertad y otras regiones del país. “Debería ser un punto imprescindible en el debate de las campañas”, remarcó.
El portal señala también que de acuerdo con el coordinador nacional, “las fiscalías ambientales persiguen los delitos de minería ilegal y realizan acciones de interdicción, como la destrucción de maquinaria, dragas, tracas (explosivos) y retroexcavadoras”.
Sin embargo —añadió—, en el caso de Puerto Maldonado el número de maquinaria es muy alto [700 máquinas entre cargadores, retroexcavadoras y camiones] y las acciones de interdicción que se ejecutan junto con la Policía Nacional resultan insuficientes para acabar con la minería ilegal en esta región.
“Las interdicciones ayudan. Se destruyen diez maquinarias por operativo, pero la minería ilegal, con el poder adquisitivo que tiene y el alto valor del oro hoy día, vuelve a adquirir estos equipos. Por eso creo que si bien las interdicciones avanzan, no son la única solución”, señaló.
Por ello, manifestó Almanza, para enfrentar con éxito a este tipo de minería es muy importante identificar a quienes están detrás de las organizaciones dedicadas a este delito. “Si solo intervenimos a los que están al lado de una máquina, capturamos al peón. Esa es la parte que falta. A partir de allí se podría empezar a hacer un trabajo serio”, sostuvo.
En cuanto al Reinfo (Registro Integral de Formalización Minera), el fiscal sostuvo que se ha convertido en un escudo para seguir operando. Recordó también que desde el año 2012, menos del 2% de mineros se ha formalizado y que actualmente hay más de 80 mil Reinfo, de los cuales 60 mil están suspendidos. “Pero estar suspendido no les impide operar. Y la norma —el Decreto Legislativo 1351, con una disposición complementaria final— dice que basta con tener el Reinfo para estar exonerado de delitos. Es una exención de responsabilidad. Nos hemos opuesto a que se siga prorrogando”, explicó.
DE TERROR
Pataz se encuentra en estado de emergencia desde febrero de 2024, debido a que varias organizaciones criminales se disputan el control del oro.
En una entrevista con este Diario, concedida el año pasado, el exconsejero regional de La Libertad y expresidente de la Comisión de Energía y Minas, Greco Quiroz Díaz, aseguró que entre los años 2015 y 2022 se habría registrado al menos 280 personas desaparecidas en Pataz y Huamachuco, esta última localidad golpeada también por la minería ilegal.
“¿Dónde están? Esa es la gran pregunta. Pues bien, muchos de ellos han sido asesinados en enfrentamientos a balazos entre organizaciones criminales. La mayoría no son naturales de La Libertad, sino que vienen de Loreto, Ucayali y San Martín”, manifestó.
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