La ola de homicidios que azota a La Libertad desde hace unas dos décadas y el incremento de la delincuencia común en la mayoría de sus provincias ha obligado a algunas autoridades a buscar otras alternativas para recuperar la paz en sus respectivos territorios.
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En esa línea, y ante la inseguridad ciudadana que golpea también a todo el país, tres alcaldes de esta región –que suma más de 200 homicidios en lo que va del año– consideran necesario adaptar el ‘Plan Bukele’ en el Perú.
Posiciones
Uno de estos burgomaestres es John Vargas Campos, exalcalde de la provincia de Ascope y actual representante de la municipalidad distrital de Casa Grande.
En el primer semestre de este año, Vargas viajó a El Salvador para reunirse con el vicepresidente de ese país, Félix Ulloa, y conocer in situ el plan contra la inseguridad ciudadana que ejecuta el gobierno de Nayib Bukele.
“Yo sí estoy de acuerdo con que se aplique el ‘Plan Bukele’ en el Perú, pues ayudaría a cambiar algunas normas que permitan aplicar todo el peso de la ley a quienes, por ejemplo, se dedican al sicariato y la extorsión”, expresó la autoridad edil a este Diario.
Ascope, según reportes periodísticos, es la séptima provincia de esta región con más asesinatos en lo que va del año. Suma siete, pero algunos de sus distritos están tomados por extorsionadores y organizaciones criminales que forman sicarios a temprana edad.
“En Roma, un anexo de Casa Grande que tiene ocho mil habitantes, solo prestan servicio diez policías. Cómo vamos a enfrentar la delincuencia así”, cuestionó Vargas ayer.
Para el burgomaestre, implementar el ‘Plan Bukele’ “es la unica solución que tenemos ahora para frenar a la delincuencia”. “Da pena mirar todos los días las noticias. Las instituciones que tenemos no funcionan, los resultados son los mismos de siempre”, agregó.
A Vargas se sumó su homólogo de El Porvenir, distrito de la provincia de Trujillo donde se han formado algunos de los más avezados grupos criminales que operan en La Libertad y el país.
“La implementación de este plan depende del Gobierno Central, pero yo saludo ese plan [Bukele] porque soy admirador de él”, dijo Juan Carranza Ventura.
Según el burgomaestre, “el presidente Bukele ha puesto mano dura y en el Perú tenemos penales que solo sirven para que los delincuentes vayan a hacer una ‘maestría’”.
Pataz, en la provincia del mismo nombre, es otro distrito golpeado severamente por el crimen organizado. Si hace no más de cinco año era un lugar pacífico, ahora está tomado por bandas que han desatado una ‘guerra’ por el oro.
El consejero regional por esta provincia Frank Solórzano Rojas confesó que si bien habría que cambiarse algunos aspectos para implementar el ‘Plan Bukele’ en el Perú, él simpatiza con el mismo y concide con el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, cuando este dice que presentará un proyecto de ley para calificar como terrorismo urbano el sicariato y la extorsión.
“Todo lo que causa miedo, zozobra, asusta, califica como terror, terrorismo. Entonces, si vamos a puntualizar lo que estamos viviendo en algunos distritos, sí califica como dice el alcalde de Lima. Yo estoy de acuerdo con él, pues necesitamos que las autoridades actúen”, señaló.
En contra
De opinión distinta es el exregidor del municipio de Trujillo y abogado Miguel Rodríguez Albán.
El también catedrático resaltó que el modelo salvadoreño responde a otro contexto social y ha violado derechos humanos. “Yo no estoy dispuesto a sacrificar las libertades de un sistema político democrático a cambio de un régimen de fuerza y autoridad pero que limita y restringe derechos”, aseveró.
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