Jorge Vásquez llevó el caso a la Procuraduría Anticorrupción, que ya lo habría elevado a la Fiscalía. Responsabilizan al alcalde Arturo Fernández de esta situación.
Jorge Vásquez llevó el caso a la Procuraduría Anticorrupción, que ya lo habría elevado a la Fiscalía. Responsabilizan al alcalde Arturo Fernández de esta situación.

Por presuntamente haber realizado 11 contratos de servicios de consultoría y locadores por un monto ascendente a S/100 mil, el regidor Jorge Vásquez Tirado denunció a la gestión del alcalde de la Municipalidad Provincial de (MPT), Arturo Fernández Bazán, ante la Procuraduría Pública Anticorrupción de La Libertad.

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Según el concejal, los contratos no se justifican, pues a las personas que se trajo se les encargó tareas que el personal de planta y de las diversas áreas de la comuna tienen entre sus funciones a ejecutar.

“Como en este caso hay mucho que investigar, el tema ya está en Fiscalía y seguro en cualquier momento nos van a citar para declarar”, afirmó el regidor.

INNECESARIO

Jorge Vásquez explicó que en esta gestión se han hecho consultorías para liquidación de obras, para ver el tema de bienes inmuebles y hasta para seguir procesos judiciales, cuando en el organigrama de la MPT se indica que hay áreas que realizan esas funciones.

Correo tuvo acceso a los números de estas órdenes de servicio y entre los más resaltantes están: el N°00004 mediante el cual se contrata los servicios de una señorita para que por S/7,500 haga un seguimiento y monitoreo de requerimiento de bienes y servicios.

También está el N°000016 con el que se contrata por S/5,000 a otra joven para que realice el servicio de seguimiento de actividades administrativas.

“Estas tareas las tiene que hacer el personal de planta, no hay necesidad de realizar estos contratos”, señala el regidor.

Con la orden de servicio N°000032 se contrató por S/6,900 los servicios de otra joven para que realice un seguimiento a documentos administrativos y judiciales.

Además, está el N°000054 con el que se contrata por S/15 mil a una persona para que se encargue de asesorar en contrataciones públicas y la orden N°000075 con el que se contrata a un joven para que haga un inventario de bienes muebles.

“Esto último lo puede hacer la oficina de Patrimonio o el mismo Servicio de Administración de Inmuebles Municipales de Trujillo (Saimt), no es necesario, hay personal para ello”, recalcó el regidor.

Vásquez afirma que el caso ya llegó a Fiscalía e incluso ya tiene una carpeta.

“Yo tuve que pedir por transparencia toda esa información y fui directo al procurador anticorrupción y al parecer hay mucho que investigar”, insistió.

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