El presidente de la Central Única Provincial de Rondas Campesinas de Pataz, Santos Quispe Alvarado, dijo ayer a este Diario que en su jurisdicción no descartan acatar un paro provincial si es que el Gobierno Central no inicia el asfaltado de la carretera que une a los 13 distritos de esa jurisdicción.
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“Ya hay conversaciones con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), pero si no cumple con su palabra de asfaltarnos la carretera, convocaremos a un paro provincial”, dijo.
Malestar
El dirigente enfatizó que Pataz “no tiene ni un metro de carretera asfaltada”. “Históricamente somos una de las provincias más olvidadas de la región. Cada cuatro o cinco años viene un candidato y nos ofrece la carretera, pero luego gana y se olvida de nosotros”, lamentó.
Respecto al paro nacional convocado para hoy, Santos Quispe reconoció que la Central Única Provincial de Rondas Campesinas de Pataz ha emitido un comunicado para pedirle a la población que participe del mismo, pero aclaró que ellos no pararán sus actividades.
“Es un comunicado de apoyo al paro convocado, solo eso. Hay inseguridad, incapacidad e inoperancia del Gobierno Central”, sostuvo.
Disconforme
Tras la masacre de 13 agentes de seguridad en un socavón ubicado en el sector de Pueblo Nuevo, en el distrito y provincia de Pataz, el Ejecutivo amplió el estado de emergencia en esta provincia andina, pero estableció, a partir del 9 de mayo, de 6 p.m. a 6 a.m., el toque de queda en los distritos de Pataz, Parcoy y Tayabamba, además de suspender toda actividad minera y disponer el control militar.
Ante esta situación, el dirigente ronderil también criticó al Ejecutivo . “El problema mayor [de la minería ilegal] no está en todo Pataz, sino en el distrito de Pataz”, aseguró.
“A nosotros nos están afectando estas disposiciones, pues son miles los mineros artesanales que no pueden hacer sus labores, cuando la empresa privada sí lo está haciendo. Entonces, aquí los grandes beneficiados son los grupos de poder”, expresó.
De acuerdo con el presidente de las rondas campesinas de Pataz, al menos 17 mil familias se han visto afectadas con la suspensión de la minería artesanal. “La población vive de esto. Hay padres que han educado a sus hijos para dedicarse a esto, pero hoy el Gobierno [Central] está mezclando la minería con la delincuencia. Eso no es posible. Nos están afectando gravemente”, agregó.
El dirigente aseveró que de no ser escuchados por el Ejecutivo, recurrirán a la Defensoría del Pueblo y al Tribunal Constitucional.
Las declaraciones de Quispe se suman a los pronunciamientos de algunas rondas distritales de Pataz que piden “no acatar el toque de queda” ni la “paralización de las actividades mineras”.
No la quieren
Santos Quispe también lamentó que la presidenta Dina Boluarte “nos haya desairado” en su reciente visita a Pataz.
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