La Red de Estudios para el Desarrollo (REDES) informó que, según cifras de la Procuraduría, al cierre de 2024 se registraron 1,930 casos de corrupción en La Libertad. Esta cifra ubicó a la región en el puesto 12 a nivel nacional, en relación al resto de departamentos con mayor incidencia en este tipo de actos que atentan contra el buen desarrollo de la administración pública.
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De acuerdo a la Procuraduría, los delitos de corrupción más frecuentes en La Libertad fueron: aprovechamiento indebido del cargo (566), peculado (411), colusión (367) y cohecho (207).
Carlos León, economista de REDES, señaló que la corrupción ocurre cuando funcionarios públicos, sin importar su jerarquía o área de trabajo, utilizan su cargo para obtener beneficios personales.
“Esto puede manifestarse a través de la aceptación de regalos, sobornos o favores indebidos. Cuando estas prácticas se vuelven comunes, la ciudadanía pierde la confianza en las instituciones y en sus representantes, quienes dejan de ser percibidos como servidores del bien común para convertirse en figuras que anteponen sus intereses personales a las normas y responsabilidades del cargo. Esta pérdida de confianza debilita la legitimidad y el adecuado funcionamiento del Estado”, explicó.
AFECTACIÓN
Carlos León también mencionó que el daño ocasionado por la corrupción significa que las autoridades dejan de proveer a la ciudadanía servicios públicos esenciales, lo que afecta gravemente la mejora de la calidad de vida y la equidad social de todos los peruanos. “Por ejemplo, si los recursos destinados a mejorar escuelas u hospitales se desvían, las personas se quedan sin acceso a una educación de calidad o atención médica adecuada. Entre los hogares donde hay pobreza, la falta de estos servicios básicos es aún más devastador”, manifestó el economista.
Indicó que según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), la pobreza monetaria en La Libertad alcanzó el 31% en 2023, ubicando a la región en el décimo lugar a nivel nacional.
En este contexto, los casos de corrupción agravan aún más la situación de la población más vulnerable.
“En un entorno marcado por la corrupción, los recursos públicos destinados a servicios esenciales no se asignan de forma eficiente ni equitativa, lo que profundiza la desigualdad en su acceso. Las personas en situación de pobreza Resultan ser las más perjudicadas”, acotó.
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