El presidente de la Comisión de Energía y Minas del Consejo Regional, Greco Quiroz, dijo que esperan una respuesta del Gobierno.
El presidente de la Comisión de Energía y Minas del Consejo Regional, Greco Quiroz, dijo que esperan una respuesta del Gobierno.

La Comisión Ordinaria de Energía, Minas e Hidrocarburos del Consejo Regional presentó hace casi un mes en sesión de consejo su informe referente al diagnóstico realizado sobre la minería ilegal que se desarrolla en el cerro “El Toro”, ubicado en el distrito de Huamachuco, en la provincia de .

En ese informe, la comisión que preside el consejero regional Greco Quiroz, hizo referencia a que desde el 2019 se solicitó ante la Presidencia del Consejo de Ministros y otras entidades, la interdicción a este lugar en el que se han reportado muertes, contaminación, explotación a menores y otras irregularidades.  Sin embargo, de momento, desde el Ejecutivo no hay respuesta. 


Sin acciones

“Se ha podido identificar a 42 presuntos mineros ilegales, así como, se ha podido

ubicar e identificar a 66 propietarios de terrenos superficiales que forman parte de

El Cerro ‘El Toro’”, se precisó en una de las conclusiones del informe debatido en sesión de consejo regional y aprobado por mayoría.

Según Greco Quiroz, han cursado documentos al Gobierno Central para solicitar una reunión y acelerar la intervención en el ande.

“A todos los organismos gubernamentales que tienen que ver con las acciones que se deben tomar para la interdicción ya se les remitió el informe por escrito, vía oficio, acompañado del acuerdo del Consejo Regional que fue aprobado. Posteriormente, se ha remitido a las mismas instituciones otro oficio, solicitándoles una reunión urgente a fin de exponerles el informe de manera directa, también se cumplió con remitir el oficio a todos y estamos a la espera de una respuesta”, indicó.


Es urgente

De acuerdo con la información difundida a través del informe de la Comisión de Energía, Minas e Hidrocarburos, la actividad ilegal en el cerro “El Toro” se realiza desde hace más de 20 años y, por ahora, ninguna autoridad del Gobierno ha iniciado acciones para frenar este accionar en la sierra de La Libertad.