La omisiones y demoras que les endilgan a Valdez y Acuña

El pasado 15 de mayo, el gobernador de la región La Libertad, Luis Valdez, y el líder de Alianza Para el Progreso (APP), César Acuña, se presentaron ante la Comisión Lava Jato para responder sobre las obras de la III Etapa del Proyecto Especial Chavimochic (Pech).

Ese día, Valdez le dijo a los miembros de la comisión que el contrato que se había firmado con la concesionaria Odebrecht-Graña & Montero era lesivo, mientras que Acuña aseguró que “si hubiera estado en sus manos, no hubiera firmado el contrato de concesión”.

Sin embargo, tres meses después la comisión Lava Jato, presidida por la legislador de Fuerza Popular, Rosa Bartra Barriga, emitió un informe final en el que halla responsabilidad penal en ambos personajes por supuestamente haber provocado un perjuicio al Estado al originar con sus “omisiones funcionales” que la obra no continúe su proceso de ejecución de forma normal.

¿POR QUÉ ACUÑA?. En este informe se tratará de explicar el porqué los integrantes de este grupo congresal manejan el criterio de que César Acuña habría incurrido, cuando se desempeñaba como gobernasor regional de La Libertad, en el delito de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales, tipificados en el artículo 377º del Código Penal.

Primero, hay que precisar que según el contrato de concesión, firmado el pasado 9 de mayo de 2014, en el periodo de José Murgia Zannier, se precisan plazos para el inicio de ambas fases de la obra.

El primer plazo tiene que ver con la entrega de los terrenos para ejecutar los trabajos en la presa Palo Redondo. Acá se precisa 30 días como máximo.

El segundo plazo tiene que ver con la liberación de las tierras para construir los 127 kilómetros para el canal Madre. Para ello se dio un plazo de 180 días.

IMPOSIBLE. El terreno para construir la presa Palo Redondo, situado en el sector Tanguche, en la provincia de Virú, se entregó sin problemas; pero lo complicado llegó cuando se tuvo que expropiar 16 mil hectáreas de terreno para el canal Madre, ya que en estas había una serie de interferencias y problemas de doble y triple titulación.

Acuña y Valdez han coincidido en sostener que el plazo precisado en el contrato para liberar las tierras era muy corto y que el Estado no transfirió presupuesto para comprar y sanear el terreno por donde pasaba el canal.

Sin embargo, hubo una serie de ampliaciones y hasta se suscribió la adenda N° 1, que según la comisión Lava Jato fue perjudicial para el país.

Los miembros de dicho grupo parlamentario habrían señalado en su informe que César Acuña no efectuó las acciones necesarias para salvaguardar los intereses de la región.

Es más, señalan que pudo tomar decisiones que hubieran evitado los perjuicios económicos que hoy día enfrenta el país y que han generado la paralización de la obra.

ARBITRAJE. En ese punto hay que mencionar que el Estado y la concesionaria Odebrecht han ingresado a un proceso de arbitraje en el que la parte que pierda tendría que pagar una millonaria suma de dinero.

Ahora bien, el 9 de octubre de 2015, cuando la presa Palo Redondo estaba en ejecución y se realizan los esfuerzos para sanear las tierras para construir el canal Madre, el gobernador César Acuña renuncia al cargo y es sucedido, como manda la norma, por el vicegobernador Luis Valdez Farías, quien tenía la complicada tarea de “limpiar” las tierras para continuar la obra. La liberación de esos terrenos no se ha hecho hasta hoy en día.

CIERRE FINANCIERO. En este segundo punto hay que puntualizar que la primera fase de las obras de la III Etapa de Chavimochic consistía en la construcción de la presa Palo Redondo y un kilómetro y medio del canal Madre. Eso significaba un presupuesto de 350 millones de dólarea, dinero que tenía que ser desembolsado por el Estado y el Gobierno Regional de La Libertad (GRLL).

Gran parte de ese dinero se obtuvo de un préstamo que hizo el GRLL con el aval del Estado a la Corporación Andina de Fomento (CAF). En este aspecto, el Gobierno Central y regional cumplieron.

La segunda fase de la obra, como se ha mencionado, consistía en la construcción del canal Madre. Eso también implicaba la inversión de otros 350 millones de dólares, pero ese dinero tenía que ser desembolsado por la empresa concesionaria, y hasta diciembre de 2016 que estuvo al frente de la obra no lo hizo y es en este detalle que se centra la comisión Lava Jato para cuestionar el trabajo del gobernador Luis Valdez.

AMPLIACIÓN. Para los legisladores, el gobernador no debió permitir ninguna ampliación de plazo para que la empresa tenga la capacidad financiera para ejecutar la parte de la obra que le corresponde.

Empero, para la comisión Lava Jato, por la ampliación del plazo para el cierre financiero se puede establecer que existen indicios suficientes de la presunta comisión del delito de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales.

Los congresistas también hallaron responsables de esta situación a Carlos Miguel Puga Pomareda, presidente del directorio del Comité Pro Integración de Proinversión, y Gibran José Loor Campoverde, representante de la concesionaria. A estos últimos se les señala de estar inmersos en la presunta comisión del delito contra la administración pública en su modalidad de colusión.

Valdez y Acuña ya se han defendido y han señalado que la comisión Lava Jato está “politizada” y le está causando un grave “daño” al país.