La jefa de la Defensoría del Pueblo en La Libertad, María del Carmen Olórtegui Risco, no renunciará al cargo pese a las observaciones de la Contraloría, que dice que no reuniría el perfil para ocupar ese puesto, y las denuncias en su contra en el Ministerio Público. Para la funcionaria, su designación fue legal y por ello dice que no tiene “nada que contestar” sobre estos cuestionamientos.
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Se quedará
La Contraloría, a través del informe de Control Específico N°001-2025-2-0680-SCE, advirtió que María Olórtegui no presentó información que acredite el cumplimiento de la experiencia específica requerida para ocupar el cargo. Además, cuando fue designada en la Defensoría del Pueblo, el 18 de noviembre de 2024, estaba afiliada a Alianza para el Progreso (APP).
De esta manera, habría transgredido y vulnerado la directiva sobre neutralidad que deben mantener los servidores de ese organismo. Este quebrantamiento a la prohibición se habría dado durante 3 meses y 16 días (comprendidos del 18 de noviembre de 2024 al 5 de marzo de 2025), que se desafilió del partido que lidera César Acuña Peralta.
“Yo con respecto a eso solamente tengo que decir que mi asignación al puesto que yo tengo, lo he explicado desde un inicio, todo se ha dado conforme a lo legal y eso (denuncias) más bien distrae. Hay tantas cosas aquí en La Libertad que (tengo que) atender, como Defensoría del Pueblo, que ya eso se ha respondido en su momento”, indicó.
Sobre la denuncia en la Segunda Fiscalía Penal Corporativa de Trujillo que le interpuso el ciudadano Javier Carrión Ojeda, el pasado 8 de abril, por los presuntos delitos de aceptación ilegal del cargo y falsedad ideológica, la titular de la Defensoría del Pueblo en la región dijo desconocer detalles de la querella.
“No he visto esa denuncia y tampoco he tenido notificación sobre eso”, aseveró.
Proceso
Hay que indicar que la Contraloría también solicitó que el despacho del jefe de la Defensoría del Pueblo, Josué Gutiérrez, inicie proceso administrativo a María Olórtegui. Además, recomendó que denuncie penalmente a José Flores, jefe (e) de la Oficina de Gestión y Desarrollo Humano, por avalar esta presunta designación irregular.
