La compañía minera Poderosa no ha podido recuperar el control del Nivel 2820 de su mina ubicada en la provincia de Pataz, tomada el último jueves por criminales vinculados con la minería ilegal, actividad que impera en esta parte del ande de La Libertad. Desde la empresa le confirmaron a Diario Correo que con este nuevo ataque, que dejó tres heridos, ya suman 18 atentados contra sus instalaciones entre el 2023 y 2024.
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Impunidad total
En efecto, en enero y abril de este año, los delincuentes destruyeron torres de alta tensión de esta compañía, líder en la producción de oro a nivel nacional. Con lo ocurrido esta semana, ya son tres incursiones que golpean duramente a Poderosa en el 2024. Asimismo, el 2 de diciembre de 2023, bajo circunstancias parecidas, murieron 9 personas y 15 resultaron heridas. Hasta el día de hoy, este hecho es muestra de la impunidad en su máxima expresión.
La compañía alertó, a través de un comunicado, que la actividad policial para la interdicción de las bocaminas ilegales fueron suspendidas hace dos meses.
“Las operaciones de interdicción de las bocaminas ilegales de la zona a cargo de la Policía fueron suspendidas hace dos meses, sin que, hasta la fecha, hayan sido retomadas por las autoridades”, informó la empresa.
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No lo quieren
Precisamente, el alcalde de la Municipalidad Provincial de Pataz (MPP), Aldo Carlos Mariños, exigió la destitución del ministro del Interior, Juan Santiváñez Antúnez. Afirmó que la emergencia solo es un “saludo a la bandera”.
“Todos los meses hay asesinatos. Esta semana se produjo uno más y hubo un atentado contra una empresa. Entonces, no está funcionando la emergencia. Lo primero que se debe cambiar es de ministro del Interior, quien ha demostrado una gran incapacidad para afrontar esta problemática y desde la presidencia de la República se deben dar políticas claras, pues hay que ir frontalmente contra la delincuencia, así de simple”, mencionó.
El consejero regional por la provincia de Pataz, Frank Solórzano Rojas, consideró que el Congreso de la República tendría que interpelar a Santiváñez.
“Su papel de defensor de la presidenta no ayuda mucho. No se ve un trabajo eficiente y considero que el Congreso tendría que interpelarlo, porque es muy difícil que el gobierno de Boluarte tome la decisión de sacarlo”, dijo.
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Los responsables
Para el presidente de la Cámara de Comercio de La Libertad, Alfonso Medrano Samamé, hay una complicidad por parte de las autoridades que tendrían que contrarrestar con acciones contundentes a los mineros ilegales.
“Hay un silencio cómplice de parte de las autoridades para no afrontar este tema con la rigurosidad que debería ser”, afirmó.
El empresario añadió que las declaratorias de estado de emergencia “no sirven”.
“Es una burla. No hemos visto grandes avances en el control de la minería ilegal. Faltan políticas claras para gobernar el país”, declaró.
Reacción
La Sociedad de Comercio Exterior del Perú (ComexPerú) emitió un comunicado para condenar este nuevo ataque y cuestionar la postura del Gobierno Central. “El Gobierno está perdiendo la batalla contra el crimen organizado, condenando a los ciudadanos a vivir en zozobra e inseguridad. Este atentado debe ser un punto de inflexión en la lucha contra la delincuencia en el sector minero”, manifestó.
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