Han pasado más de cuatro meses desde que el Poder Judicial sentenció a Abner Ávalos Villacorta por el delito de cohecho pasivo. Se le acusó de haber recibido una coima a un empresario minero.
Con ese fallo judicial en su contra, Ávalos Villacorta, quien ostentaba el cargo de consejero regional por la provincia de Santiago de Chuco, incurrió en causal de vacancia y el pleno del Consejo Regional terminó sacándolo del cargo.
Desde entonces, la provincia de Santiago de Chuco se quedó sin consejero y a la fecha no tiene ni voz ni voto en el Consejo Regional.
PREOCUPACIÓN
Esta situación está causando profunda preocupación en los pobladores de Santiago de Chuco, pues actualmente no existe el nexo entre su provincia y el Gobierno Regional de La Libertad.
No solo no hay representación de Santiago de Chuco en el Consejo Regional, sino que tampoco hay quien contribuya en gestiones que impulsen el desarrollo de la provincia, ni quien fiscalice obras que se ejecutan en esa jurisdicción.
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TRÁMITE BUROCRÁTICO
Pero, ¿por qué se ha llegado a esta situación? Pues bien, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) aún no ha expedido las credenciales a Jesús Miguel Antón Zegarra, quien es el accesitario de Abner Ávalos.
Esto, a pesar que el pasado 29 de mayo Antón envió una carta a los máximos representantes del órgano electoral solicitando celeridad en el proceso para su acreditación.
“Solicito celeridad al trámite de proceso de acreditación y en consecuencia se acredite a mi persona como consejero del Consejo Regional de La Libertad, concretamente expida la credencial”, se puede leer en el documento.
En declaraciones a Macronorte.pe, Antón Zegarra indicó que espera que en el más corto plazo le otorguen sus credenciales.
“Hay incomodidad por la población, se ven dañados por no tener representación en el Consejo Regional, hay incomodidad, frustración y desconfianza para los que administran el Jurado Nacional de Elecciones, que hasta el momento frustran la representación en dicho órgano”, manifestó el accesitario de Abner Ávalos.
PLAZO VENCIDO
De acuerdo a lo expresado por Antón Zegarra, la Ley del Procedimiento Administrativo General establece un plazo razonable de 30 días para resolver. Esto ya se habría cumplido.
Correo trató de conversar sobre este tema con la consejera delegada Lorena Carranza Blas, pero no respondió las llamadas.
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OTRO CASO
Cabe indicar que la semana pasada, el Poder Judicial sentenció a tres años de cárcel suspendida y al pago de una reparación civil de S/ 3 mil al consejero regional por Pataz, Luis Rodríguez Ponce, tras hallarlo culpable de tener un título profesional falso de docente.
Rodríguez ha dicho que apelará este fallo judicial; pero si la Sala confirma la sentencia el camino que tendrá que recorrer es la vacancia.
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