El procurador de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT), Martín Salcedo Salazar, saludó la decisión de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de La Libertad que dispuso formalizar investigación preparatoria contra Arturo Fernández Bazán, exalcalde de Trujillo, por la comisión del presunto delito de colusión agravada.
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De acuerdo con la carpeta fiscal N° 419-2024, el caso tiene relación a la adquisición directa, presuntamente ilegal, de 6,000 barreras canalizadoras, que se realizó durante la gestión de Arturo Fernández en noviembre de 2023, por un monto de S/ 3,300,000.
“Para mí en este caso habrá una sentencia condenatoria. Acá hay evidencia de colusión agravada, porque antes de que se lance el concurso para comprar estas barreras, el señor Arturo Fernández ya estaba presentando al ganador de la licitación”, dijo el procurador.
Martín Salcedo fue quien reunió todas estas evidencias y formuló la denuncia contra Arturo Fernández.
“El fiscal ha hecho una revisión de los hechos en la investigación preliminar y ahora ha emitido la disposición de formalización y continuación de la investigación preparatoria. Es decir, en esta etapa ya se inicia el proceso judicial y vale decir que el exalcalde ya está en calidad de procesado. Ahora todo acto y diligencia se pondrá en conocimiento del juez de investigación preparatoria para revestir de legalidad este caso y el imputado pueda ejercer su derecho a la defensa”, explicó el procurador.
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INVOLUCRADOS
La Fiscalía también ha comprendido en este proceso a Silvia Vásquez Saldaña, exsubgerenta de Abastecimiento de la MPT; Lucio Rosario Martell, exgerente de Gestión de Riesgo y Desastres; y Luis Gutiérrez Gonzáles, exgerente de Asesoría Jurídica. También está denunciado Víctor Marquina Fortini, representante de la empresa Perú Ferias e Inversiones SAC.
Según la denuncia, Arturo Fernández se habría coludido para beneficiar con el otorgamiento de la buena pro al proveedor Víctor Marquina Fortini, representante de la empresa Perú Ferias e Inversiones SAC.
La Fiscalía también observó que no hubo sustento técnico para comprar las barreras ni tampoco una urgente necesidad (evento catastrófico) para adquirirlas de manera directa.
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