Fiscal resuelve que han pasado más de 20 años y los supuestos delitos han prescrito, por lo que decidió no iniciar investigación contra el servidor.
Fiscal resuelve que han pasado más de 20 años y los supuestos delitos han prescrito, por lo que decidió no iniciar investigación contra el servidor.

La titular de la Segunda Fiscalía Penal Corporativa de Trujillo, Elia Vilca Julca, decidió no formalizar investigación preparatoria contra el titular de la , Martín Camacho Paz, por la presunta comisión del delito de falsificación de documentos y falsedad ideológica.

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El funcionario, hombre de confianza del gobernador de La Libertad, César Acuña, fue denunciado por presuntamente obtener títulos académicos falsos en 1999 y 2002, pero la magistrada sostiene en su resolución que los supuestos delitos han prescrito.

Lo mismo resolvió para el director del Instituto Pedagógico Virgen de la Puerta, Álvaro Santiesteban Ríos, y para Víctor Otiniano Gonzales, trabajador de la Grell. Al primero se le acusaba de, presuntamente, haberse coludido para dar apariencia de legalidad a los supuestos títulos falsos que fueron expedidos por el instituto que él dirige; mientras que a Otiniano se le sindicaba de haber dado conformidad a esos documentos.

Los hechos

El pasado 14 de setiembre de 2023, el Procurador Público Anticorrupción de La Libertad, Fernando Valverde Valderrama, realizó la denuncia correspondiente contra los antes aludidos.

Sobre Martín Camacho se dijo que, presuntamente, ostentaba un título falso de profesor de Matemáticas obtenido en 1999, debido a que habría completado cuatro semestres en un año.

Respecto a su título de profesor de Computación, se señalaba que no era posible que haya cursado 10 semestres en un año.

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Todo prescribió

No obstante, de acuerdo a lo explicado por la fiscal en su decisión, el plazo para iniciar una investigación preparatoria ya venció en exceso, pues la denuncia se presentó en setiembre de 2023, es decir más de 20 años después de ocurridos los hechos.

En este punto hay que precisar que el delito de falsificación de documentos públicos prescribe a los 10 años; mientras que el delito de falsedad ideológica en 6 años. Por eso se declara no ha lugar para formalizar investigación preparatoria.

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La quejan

Ante esta situación, el ciudadano Manuel Ruiz Briones quejó a la fiscal Elia Vilca ante la Oficina Desconcentrada de Control del Distrito Fiscal de La Libertad, por un presunto incumplimiento de sus deberes. Alega que no dispuso realizar ninguna diligencia de investigación y solo citó a declarar a los acusados.

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