Tras el asesinato de 13 trabajadores, el Gobierno dispuso restricciones de 6:00 p.m. a 6:00 a.m. en esa jurisdicción liberteña. También suspendió actividades mineras durante 30 días con la finalidad de que mil policías y soldados tomen el control de esa provincia. “La gran alianza 2” estaría detrás de esta matanza, según la PNP.
Tras el asesinato de 13 trabajadores, el Gobierno dispuso restricciones de 6:00 p.m. a 6:00 a.m. en esa jurisdicción liberteña. También suspendió actividades mineras durante 30 días con la finalidad de que mil policías y soldados tomen el control de esa provincia. “La gran alianza 2” estaría detrás de esta matanza, según la PNP.

Tras el asesinato de 13 trabajadores a manos de mineros ilegales que operan en , la presidenta de la República, Dina Boluarte, decretó el toque de queda en esa provincia, desde las 6.00 p.m. hasta las 6.00 a.m., con la finalidad de frenar el accionar criminal que azota a esta parte el país.

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La mandataria detalló que “las Fuerzas Armadas tomarán el control total en la zona de la minera Poderosa” y se instalará una base militar en el distrito de Pataz.

También dijo que se suspenderán todas las actividades mineras en esa jurisdicción por un periodo de 30 días, prorrogables, para facilitar la instalación de policías y soldados en la zona.

“Durante este plazo se va a proceder a la exclusión de todos los Reinfos en condición de suspendidos. Mano dura para estos delincuentes criminales; pero también hacemos un llamado a aquellas empresas, personas que tengan la concesión de estas áreas mineras, no subcontraten sus concesiones porque cuando subcontratan las concesiones, los que asumen la subcontratación, subcontratan a terceros y se pierde el control”, aseveró.

Dina Boluarte, asimismo, anunció que solicitará al Congreso facultades extraordinarias para legislar en materia de terrorismo urbano.

Por su parte, el comandante general de la Policía Nacional del Perú, general Víctor Zanabria, confirmó que mil agentes se desplazarán hasta Pataz para hacer cumplir las restricciones por el toque de queda.

Sobre las investigaciones, dijo que detrás de esta matanza estaría la organización criminal “La gran alianza 2”, cuyo brazo armado sería un delincuente apodado “Cuchillo”.

Mientras las autoridades declaraban en Lima, los familiares de las víctimas pedían justicia en la morgue de Trujillo. Ellos, además, criticaron al premier Gustavo Adrianzén porque el 30 de abril dijo que no había denuncia policial que confirme el secuestro de sus parientes. Esto, a pesar de que un día antes habían asentado la desaparición en Huamachuco.

Ayer, además, se logró identificar a todos los fallecidos. Ellos son: Jefry Padilla Hidalgo, Juan Ñaupari Salva, Yobal Martínez García, César Rospigliosi Arellano, Franklin Facundo Inga, Jhon Facundo Inga, Frank Monzón Valeriano, Nilver Pérez Chuquipoma, Josué Carbonel Beltrán, Wilmer Chávez Mijahuanca, Darwin Cobeñas Panta, Deyther Domínguez Ramírez y Mego Yumbato Huancho.

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NO HAY AUTORIDAD

Gloria Montenegro Figueroa, exministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, dijo ayer que los recientes hechos de extrema violencia ocurridos en Pataz solo demuestran que “el Estado ha perdido el control del territorio”.

Aseguró que cuando fue congresista por La Libertad recorrió varias veces la zona. Por ello, dijo que conoce de cerca esta problemática.

“Desde hace varios años vemos en Pataz una escalada de violencia, corrupción e impunidad, ante el crecimiento descontrolado de la minería ilegal. Esta actividad, lejos de significar una alternativa económica sostenible, ha sido captada por mafias criminales que operan sin control y con ‘aliados’. Esto genera más inseguridad, corrupción y muerte”, manifestó.

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INACCIÓN

Montenegro también dijo que es momento de que la ciudadanía liberteña alce su voz para denunciar la inacción del Ministerio del Interior, la Policía Nacional del Perú (PNP) y las autoridades regionales.

En ese sentido, consideró que los estados de emergencia decretados en Pataz desde hace un año resultaron “inútiles” porque no vinieron acompañados “de un plan estratégico, inteligencia operativa y logística, además del despliegue efectivo y sostenido de fuerzas del orden”.

“No es suficiente con enviar tropas por unos días o hacer declaraciones, cuando la vida de nuestros hermanos en Pataz corre peligro todos los días”, enfatizó.

En tanto, Greco Quiroz Díaz, exconsejero regional por Ascope y especialista en temas de minería ilegal, sostuvo que en Pataz la delincuencia invade socavones de empresas formales para robarles el mineral.

“Lo extraño del asunto es que para llegar y salir a Pataz solo hay una vía y es por allí donde está pasando el oro ilegal, armas que usan los delincuentes y explosivos. Acá hay encubrimiento, complicidad y corrupción”, manifestó.

Asimismo, el consejero por Trujillo, Robert de la Cruz, mencionó que la Ley N° 30299 -que regula el uso de armas de fuego para uso civil- permite comprar armas de manera ilimitada y hasta 600 cartuchos al mes.

“Estas armas las usan en la minería ilegal. Hace un buen tiempo venimos pidiendo al Congreso su derogatoria sin visos de solución. No hay ningún tipo de control y esto ya se desbordó”, advirtió.

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