Aceptan pedido de Cornejo para cambiar a juez de “Temerarios”

Sorpresivo giro. La Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque ordenó que el caso “Los Temerarios del Crimen” deje de ser visto por la jueza Cecilia Grandez Rojas, del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de Chiclayo.

Asimismo, los miembros de la mencionada instancia superior dispusieron que el proceso quede a cargo del Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria Permanente Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lambayeque, que despacha el magistrado Reynaldo Leonardo Carrillo.

Todo esto, tras el pedido inicial que hiciera el recluido exalcalde David Cornejo Chinguel, presunto cabecilla de “Los Temerarios”, junto con su hermano Noé Cornejo, también implicado en el caso y bajo prisión preventiva.

DECISIÓN

Según figura en la resolución de la Sala, lo interpuesto por la defensa de los imputados fue una contienda de competencia por inhibición, es decir, solicitaba que la magistrada se inhiba de conocer el proceso, alegando que debía ser visto por un juzgado especializado en delitos de corrupción de funcionarios.

Luego de que la jueza Grandez declarara improcedente el pedido, la defensa de los Cornejo formuló un recurso de apelación que fue expuesto ante la Sala que conforman los magistrados superiores Margarita Zapata Cruz, Juan Sánchez Dejo y Marisol Vásquez Ruiz, quienes finalmente dieron la razón al abogado del exburgomaestre.

Mediante la resolución N° 18 del expediente 06984-2018-61-1706-JR-PE-04, con fecha 16 de agosto de este año, la Primera Sala Penal de Apelaciones dispone revocar la decisión de la jueza Cecilia Grandez, estableciendo la competencia material a favor del despacho de Reynaldo Leonardo Carrillo y ordenando, además, ”la inmediata remisión del expediente principal y sus incidencias a dicho órgano jurisdiccional, en el plazo de 48 horas”.

En otro apartado, los integrantes de la Sala mencionan que uno de los argumentos de la jueza para rechazar el pedido de Cornejo fue el que su inhibición afectaría la continuidad del proceso, al haber transcurrido varios meses desde que se formalizó la investigación preparatoria.

No obstante, la Sala considera que “el remitir el proceso al juez predeterminado por ley de ninguna manera podría perjudicar el proceso, por cuanto se está respetando la competencia por especialidad (...), la Sala es enfática en señalar que los actos procesales como las medidas de coercón y las sentencias de terminación anticipada que han sido dictadas por la juez del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria mantienen su validez”.

POSICIÓN

El representante del Ministerio Público expresó su preocupación por lo que considera “un precedente nefasto para la lucha contra la corrupción y el crimen organizado”, aunque también precisó que por el momento su despacho continuará al mando de las indagaciones.

“Vamos a continuar con nuestra investigación porque todavía seguimos a cargo, lo que sí, lamentamos esta decisión que nos ha tomado por sorpresa y que no tiene motivación. Ninguno de los que han apelado señala cuál es el agravio que le ha causado que el caso sea visto por el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria”, aseveró.

Además, Carrasco Millones señaló que, en lo que respecta a competencia, tanto la jueza Cecilia Grandez como el magistrado Reynaldo Leonardo Carrillo tienen a su cargo un juzgado de investigación preparatoria. De igual modo, refirió que cuando las indagaciones comenzaron aún no existía un despacho judicial especializado en delito de corrupción de funcionarios.

“Las diligencias preliminares se iniciaron en febrero del 2018, cuando el Juzgado Anticorrupción no existía en Chiclayo. (...) La creación del juzgado especializado y la designación, no el nombramiento sino la designación de un juez de investigación preparatoria es posterior”, manifestó el fiscal.

Otro punto en el que hizo énfasis es en la necesidad de un Juzgado Especializado en Crimen Organizado en Lambayeque, con lo cual, consideró, sí se podría hablar plenamente de una competencia.

“El caso lo conoce la jueza Cecilia Grandez desde hace casi dos años. ¿Cómo después de 37 condenas, de haber formalizado la investigación, de haberse dictado prisiones preventivas contra varios de los imputados, de tener formalizada la investigación contra 60 personas, cómo después de todo eso se puede señalar que la competencia pase a otro juez, (...)?. El juez que debió conocer esto es uno especializado en crimen organizado”, aseguró Carrasco.

Mencionó también que desde hace dos años vienen pidiendo la creación de un juzgado de este tipo y reconoció que existe el temor de que el caso no se lleve “con el mismo dinamismo y celeridad” debido a experiencias negativas con el juez Leonardo Carrillo en el caso “Wachiturros de Tumán”. Dijo también que esta resolución podría dar pie a una solicitud para apartar a la Fecor del caso.

Por último, si bien dijo que no presentarían algún nuevo recurso ante la decisión de la Sala, al ser consultado sobre si lucharían para no quedarse fuera de la investigación, el representante de la Fecor apuntó: “claro, porque es lo que corresponde”.