Alcalde Marco Gasco no acepta cumplir pacto colectivo con sindicato de obreros

Voz de mando. El alcalde de Chiclayo, Marco Gasco Arrobas, señaló que no acatará el pacto colectivo que gestiones anteriores suscribieron con el sindicato de obreros de la comuna, porque no lo considera correcto.

 Precisó que ha solicitado al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y a la Contraloría General de la República que informen si es legal o ilegal cumplir los pactos colectivos que reclaman los trabajadores municipales.

“En el pacto colectivo hay muchas cosas que piden, por ejemplo, trabajar 6 horas efectivas en verano, con una hora para el refrigerio, quiere decir que solo 5 horas de trabajo. También piden que un hijo o familiar ingrese a la municipalidad cuando se jubilen, ¿eso les parece justo?”, aseveró.

Asimismo, el burgomaestre precisó que solamente 230 de los 600 obreros que figuran nombrados en la municipalidad de Chiclayo trabajaban para el área de Residuos Sólidos, motivo por el cual ya dispuso el cambio.

“De los 600 obreros que figuran en ese régimen laboral, solo 230 se encontraban trabajando en limpieza pública ¿dónde estaba el resto?, en las oficinas, haciendo temas administrativos, pese a estar contratados con los beneficios de un obrero, ganando sus gratificaciones como en el régimen privado. Por eso, he dispuesto que todo el personal obrero agarre su escoba y empiece a limpiar las calles. Yo también lo voy a hacer y cada gerente también lo hará una vez por semana para dar ejemplo a la ciudadanía”, dijo.

Por último, Gasco aclaró que sí se reunió con el alcalde de Olmos, Willy Serrato, el fiscal superior Abel Concha y la contratista Mirtha Gonzales Yep, pero que jamás le propusieron nada irregular porque “saben la firmeza de mi posición”.

“Si ustedes revisan las declaraciones de Serrato o el fiscal Concha van a ver que es la misma posición que afirmo siempre antes ustedes. Jamás voy a aceptar algo en contra de los intereses de Chiclayo”, puntualizó.

Gasco agregó que si dependiera solo de él, rescindiría el contrato con la empresa que ejecuta la planta de transferencia de residuos sólidos (CRD Internacional) para que otra empresa lo haga “de buena manera, sin indicios de corrupción”, pero también interviene la Cooperación Suiza.