Anselmo Lozano busca una cautelar para su regreso al Gobierno Regional de Lambayeque

Alista su retorno. La defensa legal del suspendido gobernador de Lambayeque, Anselmo Lozano Centurión, presentará una acción de amparo contra el acuerdo del Consejo Regional que lo suspendió del cargo, días después de ser detenido como supuesto cabecilla de una red criminal.

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Fallo

Amparándose en la resolución de la Sala Penal de Apelaciones de Chiclayo, que revocó el mandato de 24 meses de prisión preventiva y, en su lugar, le otorgó 9 meses de arresto domiciliario, los abogados de Lozano solicitarán una medida cautelar que ordene su reincorporación al sillón regional.

El Colegiado redujo el plazo de la medida coercitiva porque la Fiscalía no logró acreditar el delito de organización criminal, pues “no cumplió con precisar los roles de cada integrante, sin asimilarlos a las funciones que desempeñan en la administración pública”.

Además, la fiscal a cargo del caso, Karim Ninaquispe Gil, no declaró compleja la investigación, por lo que, al tratarse de un caso donde solo se investigan los delitos de cohecho y colusión, “lo máximo permitido por ley es nueve meses”.

Desde su detención preliminar, Lozano Centurión permaneció internado en una clínica particular durante dos meses, por lo que restan siete meses para que la Fiscalía Anticorrupción culmine la investigación, formule acusación, se inicie el juicio oral y logre una sentencia condenatoria que, además, lo inhabilite de la función pública.

Sin embargo, la defensa del exalcalde de La Victoria confía en demostrar su inocencia, y mientras tanto, exigirán su retorno al Gobierno Regional de Lambayeque (GORE), pues culminado los nueve meses, la Fiscalía no tiene opción para una ampliación de plazo.

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“En esa clase de delitos, el plazo máximo es nueve meses, no hay opción a otro plazo. Si en los nueve meses no lo han sentenciado, de hecho que (Lozano) va a volver. Además, no es competencia de la Sala de Apelaciones, sino del Jurado Nacional de Elecciones suspenderlo o inhabilitarlo del cargo y este organismo no ha emitido ningún pronunciamiento”, dijo el abogado Luis Martínez Coyco.

Además, “el vicegobernador Luis Díaz Bravo, quien actualmente ejerce el cargo de gobernador encargado tampoco cuenta con las credenciales del JNE y, aún así, ya ha colocado a sus funcionarios de confianza; es por ello que lo demandarán ante el Poder Judicial”.

“Vamos a interponer una acción de amparo, para que (a Lozano) se le permita trabajar, hoy (ayer) lo he conversado con uno de los abogados. Si le conceden una medida cautelar dentro del proceso de amparo, es automático que Díaz Bravo debe dejar el cargo”, acotó.

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