La Primera Sala Penal de Apelaciones de Chiclayo declaró nula la sentencia de primera instancia que absolvió a tres funcionarias del Hospital Regional de Lambayeque, por el delito de malversación de fondos.
Se trata de Carolina Perales Mesta, jefa de la Oficina de Administración; Fátima Ramos Delgado, jefa de la oficina de Planeamiento; y Carla Chafloque Farfán, encargada del área de Presupuesto.
DETALLES. El pasado 27 de setiembre de 2024, las tres funcionarias fueron absueltas por el juez Carlos Larios Manay, titular del Décimo Juzgado Penal Unipersonal de Chiclayo; sin embargo, la fiscal Karim Ninaquispe apeló el fallo, logrando que la Sala ordene que otro magistrado renueve el juicio.
Como se recuerda, en vísperas de Navidad de 2017, las funcionarias dispusieron de más de 1 millón de soles para adquirir tarjetas electrónicas de consumo y distribuirlas entre los 1400 trabajadores del hospital regional, la mayoría profesionales de salud.
De esta manera, afectaron el presupuesto institucional de 2018, asignado a otros programas, motivo por el cual, la Fiscalía pedía que sean condenadas a 2 años de pena privativa de libertad.
Sin embargo, el juez Larios Manay concluyó que “no hubo afectación a los servicios para los cuales el dinero fue asignado inicialmente, puesto que las metas del sector salud sí se cumplieron”.
RESOLUCIÓN. Sin embargo, la Sala Penal advirtió “inobservancia del principio de exhaustividad, de motivación y de congruencia” en el fallo de Larios Manay.
Esto, debido a que el mismo juez calificó de un “acto ilegítimo (la conducta de las funcionarias) que terminó ocasionando un daño extrapatrimonial a la correcta gestión del patrimonio público”, imponiéndoles el pago de 50 mil soles, por concepto de reparación civil.
Pero a criterio de la Sala, “no se ha explicado con el rigor necesario cómo siendo la propia institución la que asignó los fondos públicos para la atención del servicio de rubros tan sensibles, no habría afectado los mismos al aplicarlos a la compra de tarjetas de consumo para sus servidores”.
“Resulta indispensable que otro órgano jurisdiccional renueve el acto de juzgamiento para el debido esclarecimiento de los hechos a fin de emitirse por el juzgador en primera instancia, una respuesta razonada y ajustada a derecho, sea absolviendo o condenando a los acusados”.
Cabe indicar que se desvió S/ 1’052,880 de los Programas de salud materno neonatal, TBC, VIH/SIDA, para la compra de tarjetas de consumo.
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