Lambayeque: Apelan a “Ley Soto” para librarse de caso de corrupción

El exrector de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo (UNPRG), Agustín Ramos García, pretendió acogerse a la polémica “Ley Soto” para librarse de una denuncia por corrupción; sin embargo, el Poder Judicial desestimó su pedido.

Mediante la resolución N 06, el juez Carlos Larios Manay, del Juzgado Anticorrupción de Lambayeque, declaró infundado el pedido de prescripción que hizo el exrector, por intermedio de su abogado Félix Chero Medina.

La decisión fue apelada por el letrado – exministro de Justicia durante el gobierno de Pedro Castillo – propiciando la suspensión del juicio oral hasta que la Sala de Apelaciones resuelva.

DETALLES. “Los hechos en los que habría participado ocurrieron el 31 de agosto de 2013 y la prescripción extraordinaria para el delito de colusión simple son 10 años, y a la fecha han transcurrido 11 años y 8 meses. Ello tiene su amparo en el artículo 84 del Código Penal modificado por la Ley N° 31751”, expuso el abogado.

Sin embargo, la fiscal Karim Ninaquispe Gil, de la Fiscalía Anticorrupción, sostuvo que los jueces no deberían aplicar esta ley debido a que es inconstitucional, tal como lo señaló la Corte Suprema, mediante el Acuerdo Plenario N° 5 – 2023.

Es así que el juez Carlos Larios resolvió lo siguiente: “La suspensión del plazo de prescripción por un año resulta desproporcionado (...) Estaríamos estableciendo un plazo de 18 años para que prescriba la acción, de tal manera que sumados desde la fecha de comisión del delito, la prescripción de la acción penal vencería en el 2031, razón por la cual no es posible que amparemos el pedido de prescripción”,

Cabe indicar que en este caso, la fiscal pide 5 años de cárcel para Agustín Ramos García (exrector), Carlos Castañeda Chávarri (exjefe de Planificación) y Vladymir Teófilo Rodríguez Urbina (exjefe de Abastecimiento).

Asimismo, pide 4 años de prisión para Percy Ipanaqué Navarro (exjefe de Asesoría Jurídica), Segundo Carbajal Fanso y César Zeña Santamaría (exmiembros del comité de selección).

Se les imputa haber contratado a la empresa Avance EIRL para que brinde servicio de seguridad en la UNPRG, por la suma de S/ 1’690,000 por un año, pese a que carecía de documentación para suscribir contrato. Además, omitieron verificar las propuestas de otros dos postores.

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