Aprueban norma a favor de infractores de tránsito

Controvertida decisión. El concejo de la Municipal Provincial de Chiclayo resolvió, con ocho votos a favor y seis abstenciones, aprobar beneficios no tributarios para los transportistas del sector público y privado.

Durante el debate, los regidores de oposición advirtieron que otorgar la reducción de multas de tránsito, beneficiando a los infractores de normas viales, acumuladas desde hace seis años, vulnera el Reglamento Nacional de Tránsito.

De acuerdo al Centro de Gestión Tributaria (CGT), la deuda acumulada desde 2013 hasta marzo de 2018, por multas de infracciones de tránsito, alcanza los 49 millones de soles.

ARGUMENTOS. La sesión extraordinaria convocada ayer para evaluar la aprobación de beneficios no tributarios para transportistas inició con opiniones opuestas.

Reducir el pago por multas de tránsito fue cuestionada a lo largo de la sesión por las competencias que otorga la Ley Orgánica de Municipalidades versus lo señalado en el Reglamento Nacional de Tránsito.

El regidor Alfredo Montenegro Bermeo defendió la propuesta asegurando que sí tenía un respaldo legal.

“La municipalidad de Chiclayo es competente para regular la cobranza de papeletas de tránsito y además está respaldada por 70 u 80 municipalidades que han tomado la misma decisión”, expresó.

A su turno, el gerente de operaciones del CGT, Jorge Bautista Ordoñez, sostuvo que el proyecto de ordenanza fue consultado en noviembre de 2017 a la Contraloría y al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC); sin obtener ninguna observación.

“La Contraloría nos contestó que no era un organismo competente y se mantenía al margen de cualquier decisión. Y el Ministerio de Transportes nos mencionó que la municipalidad tenía autonomía de regular el cobro de multas por infracciones”, expuso.

Sin embargo, los regidores de oposición señalaron que no recibieron, para el desarrollo de la sesión de concejo, una copia de las respuestas de la Contraloría.

Incluso, la regidora Liliana Barrantes Piscoya mencionó que tampoco conocían, a través de un informe oficial, la opinión de la comisión de transportes del municipio que preside el concejal Alfredo Montenegro.

Ante la controversia, Barrantes Piscoya citó el documento enviado en febrero de este año por el Director General de Transporte Terrestre del MTC, Paul Concha Revilla, al entonces gerente de Desarrollo Vial y Transporte del municipio, Isaías Merino Chavesta.

En el oficio, el funcionario menciona que el referido Reglamento de Tránsito establece beneficios por el pago de importes por infracciones con porcentajes y períodos ya determinados.

“La emisión de una norma municipal, estableciendo beneficios de deudas no tributarias, deberá formularse en armonía con las competencias asignadas a los gobiernos locales”, recomienda el MTC.

Al respecto, el regidor Guillermo Segura recordó que dicho reglamento establece, en su artículo 5, las competencias de las municipalidades provinciales.

Entre ellas, la función de recaudar y administrar los recursos provenientes del pago de multas por infracciones de tránsito. “La Ley Orgánica de Municipalidades es precisa en señalar que el concejo tiene facultades respecto a cualquier ingreso no tributario que no estuviese regulado por ley”, agregó.

Tras varias opiniones cruzadas, el actual gerente de Desarrollo Vial y Transporte, Jhon Vega Sánchez, argumentó su postura a favor de otorgar estos beneficios con el artículo 9 de la ley antes señalada, la cual expresa que el concejo municipal puede “crear, modificar, suprimir o exonerar de contribuciones, tasas, arbitrios, licencias y derechos, conforme a ley”.

Esto, según Vega Sánchez, permite interpretar que las multas no tributarias de tránsito no constituyen un impuesto por lo que sí puede ser regulada por el concejo edil.

Pese a las objeciones de los regidores de oposición, la ordenanza para otorgar beneficios tributarios fue aprobado por la mayoría de votos.

PROYECTO. Durante la sesión, se pudo conocer el pedido que presentaron, en noviembre del año pasado, la Coordinadora Regional de Transporte Público de Lambayeque.

En aquel entonces, este sindicato de transportistas solicitó al burgomaestre que el municipio conceda el “beneficio no tributario del descuento” para todas las papeletas y actas de control impuestas.

Como parte de la propuesta, los transportistas adjuntaron un proyecto de ordenanza “trabajado por nuestro gremio con la finalidad de la evaluación respectiva”, señala el documento.

Correo consultó al mencionado gerente de transporte, Jhon Vega Sánchez, si la ordenanza que se emitiría con la aprobación de los beneficios no tributarios era la misma que formuló la coordinadora de transportistas.

Sin titubeos, confirmó que a las ideas de este sindicato solo se decidió añadir tres disposiciones finales: a) la vigencia de esta norma es hasta el 31 de diciembre de este año, b) solo se otorgarán reducciones de multas por infracciones leves y graves, y c) los conductores que tienen proceso de impugnación en trámite podrán acogerse al desistimiento del proceso administrativo para poder acceder a estos beneficios.

“El resto (de la ordenanza) es igual (a la propuesta de la coordinadora de transportistas)”, respondió.

El funcionario también aseguró que el proyecto de ordenanza había sido evaluado por diferentes oficinas, entre ellas, la comisión de transporte del municipio.

Sin embargo, el presidente de esta comisión (Alfredo Montenegro) evitó confirmar a Correo si la propuesta había sido revisada por él y sus otros dos compañeros en este grupo de trabajo, los concejales Boris Bartra Grosso y César Torres Gálvez.

Este último regidor aclaró que nunca fue convocado para debatir sobre una ordenanza de reducción de multas de tránsito para los transportistas.

“(En 2015) cuando aprobamos la primer amnistía, estuvo incluido el tema de multas pero la Contraloría nos llamó la atención. Era una propuesta igual. Desde fines de ese año, el municipio no ha hecho absolutamente hizo nada para consultar a los organismos correspondientes”, indicó Torres Gálvez.

EFECTOS. Durante su exposición, el gerente de operaciones del CGT aseguró que la ordenanza ayudaría a lograr una recaudación, como monto mínimo, de 10 millones de soles en los dos últimos meses de este año.

Esta cifra representa el 20% de la deuda estimada por el CGT de 49 millones de soles correspondiente a multas de tránsito registradas desde 2013 hasta marzo de este año.

El gerente de transporte de la municipalidad precisó que la reducción de las multas por infracciones será establecido en diferentes escalas.

“Se va a aplicar los beneficios de acuerdo al tiempo. A mayor plazo, más beneficios para poder pagar menos”, agregó.

En representación de la central de transportes de autos colectivos de Chiclayo, José Guarniz Vásquez recordó que los transportistas necesitaban esta norma para recuperar su licencia de conductor. “Tenemos infracciones que son impagables”, indicó.