Auditan concesión por irrigación en Proyecto Olmos
Auditan concesión por irrigación en Proyecto Olmos

Escrito por Melissa Romero 

Las posibles irregularidades en el contrato firmado entre el Gobierno Regional de Lambayeque y la empresa  para la concesión de las obras del componente de Irrigación del Proyecto Olmos, saldrán a la luz en una auditoría que viene ejecutando la Contraloría General de la República (CGR).

Esto lo confirmó el gerente general del Proyecto Especial Olmos - Tinajones (PEOT), Leopoldo Fernández León, quien dijo además que el equipo de auditores viene trabajando hace dos semanas en la entidad que preside.

El funcionario detalla que se trata de una labor similar a la realizada por la Contraloría sobre las obras correspondientes al componente de Trasvase, y donde al final se comunicaron hallazgos preocupantes.

BÚSQUEDA 

Los representantes de la Contraloría analizan la firma de cinco adendas, especialmente la cuarta y quinta, modificaciones contractuales a favor de la constructora e informes sobre la no aplicación de penalidades a la empresa brasileña.

Aunque no tienen un plazo para culminar su labor, las conclusiones podrían generar nuevos cuestionamientos para las exautoridades regionales, Yehude Simon Munaro y Humberto Acuña Peralta (electo congresista por Lambayeque).

A esta conclusión también llega Fernández. “Es importante que se determine quiénes dieron las facilidades a Odebrecht y quién no ha cumplido con la Ley de Contrataciones. Eso saldrá de las investigaciones”, sostuvo el funcionario del actual gobernador, Anselmo Lozano.

El informe de auditoría sobre el contrato del proyecto “Construcción, Operación y Mantenimiento de las Obras de Trasvase del Proyecto Olmos” advierte un perjuicio económico de más de 17 millones de dólares causado al Estado.

A la par se determinaron posibles responsabilidades penales, civiles y administrativas contra exfuncionarios del pliego regional y del PEOT, incluido el hoy evasivo exgerente general, Pablo Enrique Salazar Torres.

Sobre este delicado punto,Fernández aseguró que la Secretaría Técnica dio trámite a procesos sancionadores contra 5 personas, dos de las cuales aún laboran en la entidad.

No es la única observación importante, ya que la Comisión Lava Jato del Congreso determinó que en el año 2005 , el gobierno regional firmó dos contratos beneficiosos para Odebrecht. Asimismo, que la gestión Humanista firmó una segunda adenda al contrato de Trasvase, donde establecía que el Ejecutivo debería garantizar diversos pagos por esa obra.

Por ello, la relevancia de la segunda auditoría, la cual se enmarca en la reciente declaración del exsuperintendente de Odebrecht en Perú, Jorge Barata, al revelar que la campaña de reelección del año 2006 de Yehude Simon recibió un aporte ilegal de 300 mil dólares provenientes de la ‘caja 2’.

Este dinero habría llegado a través de Javier Málaga Cocchella y Pablo Salazar.

El exfuncionario, que hace varios años radica en la capital, ha sido uno de los más buscados por la prensa chiclayana para responder por la imputación en su contra.

Correo logró comunicarse vía telefónica, y aunque respondió muy incómodo dijo que “solo responderá al Ministerio Público, en caso de ser citado”, y añadió que no está de acuerdo con lo que calificó como “guerra mediática”. 

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