Cerca de 20 imputados colaboran en caso “Temerarios”

En los próximos días, el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de Chiclayo recibirá el pedido formal de la Fiscalía Contra la Criminalidad Organizada para los 25 implicados en el caso “Los Temerarios del Crimen” que fueron capturados el pasado 12 de julio.

Tras las investigaciones hechas por la Fiscalía, cerca de 20 imputados -entre empresarios y exfuncionarios de la Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCh)- se someterían a la terminación anticipada por los hechos que se le imputan dentro de la presunta red que habría encabezado el exalcalde David Cornejo Chinguel.

AVANCES

El escrito remitido por el abogado Percy Panta Burga, Cabanillas Flores señaló haber aceptado los cargos en su contra a partir de las declaraciones que brindaron antela Fiscalía, otros implicados, testigos y colaboradores de la investigación.

Este empresario no sería el único interesado en que el referido fiscal inicie en procedimiento de terminación anticipada. Según fuentes fiscales, Correo pudo conocer que al menos otros 20 involucrados -de la tercera ola de detenciones que autorizó el Poder Judicial- colaborarían con la investigación que dirige la Fecor.

De ese modo, los imputados y la Fiscalía llegarían a un acuerdo donde los primeros aceptan los hechos y delitos que se le atribuyen como parte de la red criminal “Los Temerarios del Crimen”.

Pero además, los investigados aceptan brindar más detalles sobre la entrega de coimas para ganar la licitación de costosas obras u obtener licencias de la MPCh, así como el nombre de los personajes que participaron en estos ilícitos.

Sin embargo, para acceder a la terminación anticipada, la Fiscalía no solo se conformaría con las declaraciones de los imputados sino que podrían acceder a sus movimientos bancarios y otros documentos que ayudarían a confirmar la tesis de la investigación.

De iniciarse el proceso de terminación anticipada, los investigados accederían al beneficio de la reducción de la pena (1/6 de ella no se aplicaría) por el delito que se le imputa: organización criminal, colusión, cohecho o tráfico de influencias.

Las penas que se podrían imponer van desde los cuatro hasta los nueve años de cárcel, mientras que el monto que solicitaría la Fiscalía por el pago de reparación varía entre 100 mil y 1 millón de soles.

“Se quiere terminar los casos (vinculadas a la investigación principal de “Los Temerarios del Crimen”) lo más pronto posible y tratar de recuperar lo que estas personas robaron al Estado”, comentó una de las fuentes consultadas.

Además de lograr la condena de los implicados, la intención de la Fiscalía es lograr su inhabilitación para contratar con el Estado o para ocupar -en el caso de exfuncionarios- algún cargo público.

PROCESO

Efectivos de la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior (Digimin) y de la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad (Diviac) capturaron a Homero Edmundo Vigo Quintana quien -para la Fecor- habría tenido el rol de “lugarteniente” en la presunta red “Los Temerarios del Crimen”.

Contra él existía un pedido de requisitoria internacional por el delito de organización criminal. Luego de dos meses de seguimiento realizado por personal de Digimin, Vigo Quitana fue ubicado en el quinto piso de un inmueble de la calle fraternidad, en el distrito de La Victoria.

Con la resolución N° 21, la Fiscalía realizó el allanamiento y registro de la vivienda, logrando la incautación de su pasaporte electrónico y su cédula de identidad.

Vigo Quintana ocupó el cargo de subgerente de Logística de la municipalidad de Chiclayo durante la gestión de Cornejo Chinguel.

El colaborador eficaz denominado “El Moralista” declaró a la Fiscalía que este investigado junto al exgerente de Infraestructura, Washington Aliaga Marín, negociaron con un empresario la adjudicación de la obra de pavimentación en la avenida Independencia del cercado de Chiclayo.

Sin embargo, luego que Cornejo Chinguel descubriera que ambos exfuncionarios, miembros del Comité Especial de Licitaciones de la MPCh, ya habían llegado a un acuerdo, ordenó que todo el proceso de licitación “arreglado” se cancele.

Tal como figura en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (Seace), la obra “Rehabilitación de la avenida Independencia, desde la avenida Mesones Muro, hasta la avenida Agricultura” contó con un presupuesto de S/ 643,268.57 y fue licitada en noviembre del 2018.

En el caso de Wilson Simón Miñope Carbajal, el investigado se puso a derecho por contar con el mandato de detención preliminar por 15 días en su contra por el presunto de organización criminal.

De acuerdo al acta de intervención policial, Míñope Carbajal fue trasladado a la Corte Superior de Justicia de Lambayeque para ser sometido al control de identidad.

A él se le atribuye haber sido el nexo entre exfuncionarios de la gerencia de Transportes y empresarios de este rubro para que se beneficien con resoluciones de la MPCh.