La Contraloría detectó un perjuicio de S/ 533 251 en el Establecimiento Penitenciario de Chiclayo, debido a que se otorgaron conformidades por la prestación de servicios de alimentación (“Rancho”), sin advertir las inasistencias del personal clave de la contratista, ocasionando que el referido establecimiento no realice el cobro de penalidades.

Según el Informe de Control Específico a Hechos con Evidencia de Irregularidad N° 019-2021-2-0316-SCE, que evaluó el periodo del 17 de febrero de 2018 al 20 de febrero de 2019, el monto del perjuicio corresponde a 140 días de inasistencias del personal acreditado por el consorcio integrado por las empresas Ammgilup E.I.R.L. y Dayann Brigh E.I.R.L., cuyos representantes son Segundo Héctor Idrogo Cieza y Miriam Salazar Talledo, respectivamente.

La cifra del perjuicio se determinó tras la revisión de la información del Sistema Integral de Visitas del citado establecimiento penitenciario, y de los comprobantes de pago y sus correspondientes órdenes de servicio que evidenciaron la inaplicación del descuento, permitiendo el pago total del servicio al proveedor ascendente a S/ 6 965 517.

Es preciso señalar que las Bases Integradas del Concurso Público N° 005-2017 establecían como obligatoria la permanencia a tiempo completo (desde el desayuno hasta la cena) del personal clave.Por estos hechos, se identificó la presunta responsabilidad civil y/o administrativa de los funcionarios penitenciarios Emigdio Cutimbo Estrada (director), José María Castillo Gastulo (director), Manuel Acosta Zeña (administrador) y Dante Sánchez Flores (Logística).