Acusado de lavado de activos pretendía anular pericia contable de la Fiscalía. Juez convocó a audiencia irregular.
Acusado de lavado de activos pretendía anular pericia contable de la Fiscalía. Juez convocó a audiencia irregular.

Otro desliz. La declaró infundada la tutela de derechos que interpuso el exgerente de la empresa AgroPucalá, Max Ayora, con la cual pretendía que se declare nula la pericia contable que la Fiscalía presentó para acusarlo por los delitos de lavado de activos y defraudación tributaria.

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Como se recuerda, la fiscal Ana Zegarra formuló el requerimiento acusatorio ante el Noveno Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos Tributarios de Chiclayo, proponiendo la pena de 16 años de cárcel para el abogado.

Desliz

Ejerciendo su propia defensa, Ayora Inoñán pidió la nulidad de la pericia contable aduciendo que se realizó fuera del plazo fijado por la referida Sala para que la Fiscalía concluya la investigación preparatoria, es decir el 26 de febrero de 2022.

La fiscal recién cumplió con finalizar la investigación el 9 de agosto de 2022, luego de haber recibido la pericia contable.

“Tal demora no implica disponer la nulidad de las actuaciones fiscales realizadas durante este periodo, al no encontrarnos ante un supuesto de caducidad del plazo. Ello implica en todo caso, una responsabilidad disciplinaria fiscal”, resolvió el Colegiado que preside la juez superior Ana Sales.

En consecuencia, Ayora solo logró que la Sala remita copias al Órgano de Control Interno del Ministerio Público para que inicie un proceso disciplinario contra la citada fiscal por incumplimiento de los plazos procesales.

“La Sala considera pertinente dejar a salvo el derecho del apelante para que formule sus observaciones a la pericia contable en la etapa pertinente, si así correspondiera a su teoría del caso, al haber informado que se ha emitido requerimiento acusatorio”, señala la Sala.

Hechos

Cabe indicar que la Fiscalía le imputa a Max Ayora haber convertido sus ganancias, obtenidas de la evasión tributaria, en otro tipo de bienes, a través de la compra de dos inmuebles y un vehículo.

También giros de cheques de gerencia en donde él figura como ordenante y beneficiario, transferencias al extranjero, préstamos de dinero, viajes al exterior del país, y la constitución de una empresa, lo que hace un total de S/770,943.74 el incremento patrimonial no justificado, según el informe pericial contable de la Fiscalía.

Sanción

Por otro lado, la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) impuso la sanción de multa del 5% de su remuneración al juez Juan García Mayorga, del Tercer Juzgado Civil de Chiclayo, por “incurrir en grave responsabilidad disciplinaria”.

Esto, debido a que en enero de 2018 convocó a una audiencia especial y complementaria para “mejor resolver” los pedidos de subrogación contra el entonces administrador judicial de AgroPucalá, Luis Dávila Dávila, sin tomar en cuenta que el proceso se encontraba en ejecución de sentencia.

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