Por las calles de Lambayeque, la vida cotidiana avanza ajena a una realidad que, en cifras y nombres propios, revela un grave problema de impunidad.
Cinco hombres, acusados de violación sexual de menores, permanecen prófugos desde hace años, mientras el Estado ha dispuesto sumas que oscilan entre S/ 20.000 y S/ 100.000 por información que conduzca a sus capturas.
HAY UN MENSAJE DE IMPUNIDAD
El caso más escandaloso es el de Idubis Trujillano Bustamante, un suboficial de la Policía Nacional en situación de retiro, condenado en diciembre de 2022 a cadena perpetua por la violación sexual de una menor de edad.
Trujillano se fugó la madrugada del 28 de agosto de 2024, tras ser trasladado al Hospital Regional de Lambayeque por un cuadro clínico. Desde entonces ha transcurrido casi un año sin que su paradero haya sido ubicado. Trujillano cumplía su condena en el penal de Chiclayo, bajo custodia del Instituto Nacional Penitenciario (INPE). Por él, el Estado ofrece S/ 100.000.
Otro caso que expone la persistencia de la impunidad es el de Rafael Armando Tirado Paz, acusado de abusar sexualmente de una adolescente desde que tenía 13 años. Según denunció la madre de la víctima, pese a las pruebas presentadas ante las autoridades, Tirado Paz sigue en libertad y permanece prófugo. El Ministerio del Interior (Mininter) fijó una recompensa de S/ 20.000 por su captura.
Completan esta lista el profesor Ricardo Cieza Valera y Marcos Antonio Guerrero Dávila, con S/ 30.000 cada uno, y Sergio Pariatón Rimaicuna, también con S/ 20.000.
Cieza Valera fue sentenciado a cadena perpetua, en septiembre de 2021, por haber ultrajado sexualmente a su alumna de 13 años de edad.
HAY UNA EROSIÓN DE VALORES SOCIALES
Para el sociólogo Francisco Vizconde, estos casos reflejan no solo la precariedad del sistema de justicia y de las instituciones encargadas de la seguridad, sino también una erosión de los valores sociales.
“Lo que esto nos muestra es la fragilidad del sistema de vigilancia policial y de los propios operadores de justicia. Pero, además, es una muestra de la desafectación social hacia los valores más básicos. Estos vándalos campean libremente de aquí para allá”, subrayó.
Respecto al Programa de Recompensas, añadió que su efectividad es limitada si no está respaldada por una verdadera capacidad operativa para ejecutar capturas.
Angélica Musayón, coordinadora de la Red Poder de Mujer de la Región Lambayeque, dijo que muchas requisitorias están desactualizadas o no se renuevan a tiempo, lo que deja en libertad a agresores pese a las requisitorias.
“Hay un problema de trámite desde el Poder Judicial hacia la Policía Nacional para que se ejecuten las órdenes. A veces hay capturas que han quedado vencidas. Muchas veces son las propias víctimas, o sus madres, quienes están detrás del Poder Judicial mientras el agresor sigue libre. Los operadores deben hacer mea culpa”, acotó.
