Condenan a 10 personas de los “Temerarios del Crimen”

El Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria condenó a diez de las 25 personas detenidas el pasado 12 de julio por el caso “Los Temerarios del Crimen”.

Gracias a un proceso de terminación anticipada, el regidor Marino Olivera Cruzado y el resto de empresarios aceptó los delitos imputados por el pago de coimas a funcionarios y personajes vinculados al exalcalde de Chiclayo, David Cornejo Chinguel.

HISTÓRICO

Con la caída del entonces alcalde David Cornejo Chinguel, así como de regidores y funcionarios de su gestión, se reveló el nombre de empresarios vinculados al pago de coimas y el direccionamiento de obras públicas.

Los detalles que empezaron a revelar investigados y colaboradores eficaces apuntaron a conexiones con congresistas de la República que ahora son investigados por la Fiscalía de la Nación.

Pero además de los funcionarios y autoridades que ostentaron el poder, el mapa de la corrupción generada al interior de la Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCh) parecía incompleto sin los empresarios señalados de haber entregado sobornos.

En la tercera ola de detenciones que autorizó el Poder Judicial, 25 personas fueron incorporadas a la investigación principal del caso “Temerarios del Crimen”.

A pocos días de vencerse el plazo de su detención preliminar, diez de ellas fueron sentenciadas ayer por el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de Chiclayo.

Luego de aceptar someterse al proceso de terminación anticipada, los investigados reconocieron los hechos imputados por la Fiscalía.

El primero que ingresó a comparecer ante dicho juzgado fue el actual regidor de la MPCh, Marino Olivera Cruzado.

El candidato del partido Podemos por el Progreso del Perú recibió la condena de tres años y 4 meses de pena privativa de la libertad, suspendida en su ejecución, por el delito de cohecho activo genérico.

A Olivera Cruzado se le atribuyó el pago de S/ 7,000 al exalcalde David Cornejo a cambio de favorecer a la empresa de transportes “Akunta e Ilucan” con la autorización de la ruta Racarrumi-Chongoyape-Chiclayo y viceversa.

La misma pena por el delito de cohecho activo (3 años y cuatro meses) se le impuso a los empresarios Carlos Alfonso Yafac Vallejos, Walter Alfonso Ríos Villacorta, Walter Ríos Flores, Luis Paul Cabanillas Flores, Edilberto Chaupe Gutiérrez y Manuela Giovani Tenorio Zavala.

Según la investigación fiscal, Yafac Vallejos entregó S/ 25,000, a través del exfuncionario Orlando Niño Vásquez, para obtener la buena pro de una obra de la municipalidad de Chiclayo; sin embargo, no resultó favorecido y exigió la devolución de este dinero.

En el caso de Walter Ríos Villacorta y su hijo Walter Ríos Flores, ambos fueron condenados por el pago de S/ 30,000 a fin de que la empresa “Servicios Generales y Vigilancia SRL” (representada por el primero de ellos) sea contratada para brindar seguridad en las instalaciones de la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento de Lambayeque (Epsel).

Luis Cabanillas Flores también reconoció haber entregado este mismo monto, en marzo de 2018, al exregidor Luis Carlos Pérez Bautista, quien le ofreció la ejecución de una obra, pero al incumplir el acuerdo, solo consiguió la devolución de S/ 26,000.

El exregidor Luis Pérez Bautista también obtuvo otros 30,000 mil soles de Manuela Tenorio Zavala por la licitación de una obra de reconstrucción del 2017 que nunca ganó.

Al empresario cajamarquino Chaupe Gutiérrez, la Fiscalía también le atribuyó el pago de 30,000 soles al exalcalde David Cornejo a cambio de la adjudicación de una obra que tampoco obtuvo.

En la lista de investigados, Amilcar Solís Rodríguez Briceño fue el único que resultó condenado a cuatro años de pena privativa de la libertad suspendida.

Este empresario ganó con el “Consorcio Víctor Andrés Belaunde” -compañía a la que representó en 2018- la ejecución de la obra “Rehabilitación de la avenida Víctor Andrés Belaunde entre la avenida Zarumilla y avenida El Progreso-Remigio Silva, Chiclayo” a través del contrato N° 057 firmado con el municipio provincial.

Los imputados Juan Carlos Pérez Bautista, Manuel Antonio Odar Farro, el testigo con clave de reserva Blanco FECOR-2018, así como el colaborador eficaz FECOR-CH-09-2018, confirmaron el pago de S/ 42,000 que hizo Amilcar Rodríguez Briceño para obtener la referida obra.

Otro de los empresarios que aceptó su responsabilidad en los hechos atribuidos por el fiscal Juan Carrasco Millones, quien dirige la investigación, fue Cosme Vásquez León.

A él se le impuso la condena de 3 años con cuatro meses de pena privativa de la libertad, suspendida en su ejecución, por el delito de colusión simple.

De acuerdo a la Fiscalía, Vásquez León pagó diezmos por obras entregadas entre 2015 y 2018 como la “Pavimentación de la avenida Arequipa” (valorizada en 4 millones de soles), “Pavimentación de la urbanización Ana de Los Ángeles” (3 millones de soles), “Pavimentación del segundo sector del pueblo joven 9 de Octubre” (5 millones de soles).

La jueza también dictó dos años y cuatro meses de prisión suspendida para Jimmy Imaña Tamay, por el delito de cohecho activo genérico, tras admitir la entrega de S/ 150,000 a cambio de ganar la buena pro de una obra del municipio.