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La Contraloría General de la República advirtió el riesgo de pagos injustificados en dos millonarias obras que están a cargo del Gobierno Regional de Lambayeque (GORE).
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En ambos casos, el contratista incluyó los intereses de la carta fianza como parte de los gastos generales; sin embargo, el órgano de control señala que esto podría generar pagos en perjuicio del Estado.
Detalles
El primer caso corresponde a la obra de “Mejoramiento del servicio de transitabilidad vehicular y peatonal de la avenida Pedro Cieza de León”, cuya ejecución se inició en noviembre del año pasado.
Un mes antes, el representante común del Consorcio Sagitario -ganador de la licitación- había solicitado al gobierno regional la retención del 10% como garantía de fiel cumplimiento en base al artículo 8 del Decreto de Urgencia N° 063-2021.
Dicha norma estableció medidas extraordinarias para su aplicación durante el año fiscal 2021 con el fin de que se dinamicen las inversiones y se dé continuidad a los procesos de contratación.
En paralelo a su solicitud de retención; el Consorcio Sagitario incluyó en su oferta económica los intereses por la carta fianza de fiel cumplimiento.
Sin embargo, la Contraloría señala en su informe que la garantía de fiel cumplimiento no debió ser considerada como “gastos generales variables” ya que el Consorcio no presentó la carta fianza.
Debido a que el gobierno regional terminó suscribiendo contrato con el Consorcio en base a estos términos, los intereses de la carta fianza no serán generados ni se generarán durante la ejecución de la obra.
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Para la Contraloría, estos hechos generan el riesgo de un posible pago de S/8,986.3 por intereses no generados “en perjuicio del Estado”.
El informe de orientación de oficio N° 007-2022 advierte otras dos irregularidades en la obra. El primero consiste en la falta de señalización en las zonas excavadas, a lo largo del canal de regadío y en los muros de contención que forman parte de proyecto.
Una de las cláusulas del contrato señala que la empresa puede recibir penalidades “ante la evidencia objetiva de que no se adoptaron acciones para una señalización (...) con el fin de evitar accidentes y brindar seguridad al trabajador”.
El cálculo de la penalidad se determina en base a 3 Unidades Impositivas Tributarias (UIT) -equivalente a S/13,200- por cada ocurrencia.
La tercera observación fue la ausencia de personal clave para la supervisión de la obra durante la inspección que se hizo el 17 de febrero pasado.
Incluso, el Consorcio Sagitario informó a los representantes de Contraloría que la supervisora solo había acudido por cuatro días “aproximadamente”.
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Similitudes
Al igual que ocurrió con la obra de la avenida Cieza de León, la empresa a cargo de la reconstrucción del colegio Inmaculada Concepción N° 11014 solicitó la retención del 10% como garantía de fiel cumplimiento.
La empresa Securgrama SRL utilizó el mismo mecanismo que el Consorcio Sagitario para consignar los intereses de la carta fianza de fiel cumplimiento como parte de sus gastos generales variables.
Por ello, la Contraloría mencionó en su informe que el gobierno regional enfrentaría posibles pagos de hasta S/107,238.32 por intereses no generados.
El pasado 1 de marzo, el órgano de control envió dos oficios al gobernador regional, Luis Díaz Bravo, para advertir estos hechos.
Además, otorgó un plazo de 5 días hábiles para que la autoridad responde qué plan de acción aplicará para evitar un perjuicio al Estado.
