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LAMBAYEQUE. Los contratistas que según un colaborador eficaz, concertaron con el exalcalde de Chiclayo, Roberto Torres Gonzales, para obtener irregularmente la buena pro en procesos de licitación, vienen solicitando pagos de valorizaciones por trabajos que ya habrían realizado.

Así lo denunció la procuradora de la Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCh), Giuliana Vásquez Carrasco, quien solicitó a la jueza Cecilia Grandez Rojas, que disponga se paralice los procesos de arbitraje iniciados por los contratistas que actuaron coludidos con el encarcelado exburgomaestre.

PEDIDO. En su requerimiento, la procuradora municipal le recuerda a la magistrada, que un colaborador eficaz delató a “El Jefe”, asegurando que “direccionaba” el otorgamiento de la buena pro a favor de determinadas empresas.

“(Torres) llamaba al exgerente de Infraestructura, Carlos Mendoza Oliden, para avisarle que un contratista le iba a entregarle los Requerimientos Técnicos Mínimos que formarían parte de las bases del expediente de contrato y limitar así la participación de otros postores”, consta en el testimonio.

Por ejemplo, la procuradora edil, citó el caso de Ruby Díaz Flores, representante del Consorcio Vial Chiclayo, quien viene solicitando mediante un proceso de conciliación, “el pago de valorizaciones dejadas de percibir”, por un monto de 3 millones 258 mil soles.

“También hace mención que a la fecha se le adeuda S/. 1 millón 751 mil, correspondiente a las valorizaciones 01 y 02; de acuerdo al contrato N° 31 - 2014 - MPCh - CGM, respecto al mejoramiento de la infraestructura vial de la Urb. Fco. Villarreal, Urb. San Eduardo, Urb. Santa Victoria y Urb. Arturo Cabrejos Falla”, resaltó Vásquez Carrasco.

Asimismo, citó a los contratistas que ya han sido identificados en la investigación fiscal: Alejandro Otoya Ortiz, Mario Cabrera Cabrera, Julio Otiniano Plascencia y los consorcios Transatlántica, Trébol, Tumbes, La Gloria, La Quebrada, Frijdec S.A., El Porvenir, Remigio Silva, Construcción Servicio y Distribución S.R.L.

“Señora juez, es de suma urgencia que emita pronunciamiento en cuanto a las acciones que están realizando los representantes legales de los consorcios antes aludidos, siendo muy prudente el que se emita una resolución con la que se paralice el trámite conciliatorio, a fin de que primero se obtenga una respuesta fidedigna de la responsabilidad que han tenido cada uno de los contratistas y no tener que entregarles más dinero del tesoro público, cuando en realidad no se lo merecen, ya que han obrado de mala fe para la obtención de la buen pro”, pidió la procuradora.