Controversia judicial por resolución que dispone retorno de exdirectivos a Tumán

Hasta quemar el último recurso. Luego de que la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque (CSJL) revocara la resolución judicial que permitió el ingreso de la administración liderada por Marcelino Llontop Suyón, en septiembre del 2015, la reacción por parte de este último grupo no se hizo esperar.

Y es que mientras este giro de las circunstancias parece traer de vuelta un posible conflicto en la Empresa Agroindustrial Tumán, lo cierto es que, por lo pronto, la discusión seguirá latente en la vía judicial, pues mientras unos alistan un nuevo recurso para frenar el retorno de la directiva a cargo de Segundo Ordinola Zapata, otros tramitan la reinstalación de esta última.

MEDIDAS. Como se recuerda, la Sala Civil emitió en la víspera dos resoluciones con las cuales dejó sin efecto los procesos que iniciaron los trabajadores de la empresa azucarera ante el Juzgado Mixto de José Leonardo Ortiz, instancia que el año pasado designó como administradores judiciales a Marcelino Llontop Suyón, Diómedes Bocanegra Irigoín y Jorge Paredes Delgado.

Estos últimos, tras lo dispuesto por la Sala, presentaron ayer un escrito al Séptimo Juzgado Civil de Chiclayo, solicitando el cese de la medida de embargo “al haber cumplido con cancelar el íntegro de la deuda” que mantenía la empresa con el empresario Edwin Oviedo y que fue el origen de la administración judicial de Segundo Ordinola.

En dicho documento, se hace referencia al cheque de gerencia N° 02515206-003-700-0<00<01012, por la suma de 533 mil 608 dólares, que se sumaría a un primer pago realizado en marzo de este año por 110 mil dólares. Incluso, se menciona que el saldo adeudado ascendería solo a 221 mil 025.80 dólares, y no a los 643 mil 508 consignados en la liquidación practicada en abril del 2015, según se lee en el escrito.

“Es reprochable y cuestionable el proceder de la Primera Sala Civil, porque han emitido criterios que atentan contra el ordenamiento constitucional y le dan una carta en blanco al Grupo Oviedo para que vuelva a cometer los daños ocasionados a la empresa en los últimos 10 años, (...) cabe un recurso de agravio ante el Tribunal Constitucional, vamos a agotar también ese medio”, señaló al respecto José Rimarachín Carranza, abogado de la administración judicial que a la fecha permanece al interior del ingenio azucarero.

INAPELABLE. Consultado al respecto, el abogado del Grupo Oviedo, José Carlos Isla Montaño, indicó que se encuentran tranquilos, pues dudan que la medida anunciada por la otra parte llegue a buen puerto.

“Con respecto a la medida cautelar (emitida por el Juzgado Mixto de José Leonardo Ortiz), se le declarar improcedente, la cancela y anula todo lo actuado, es inapelable. Por lo tanto, al ser inapelable, los administradores judiciales dejaron de ser administradores”, manifestó el hombre de leyes.

Asimismo, indicó que tras el fallo de la Primera Sala Civil se encuentran haciendo los trámites para la reinstalación de la administración judicial liderada por Segundo Ordinola. “Esta ilegal resolución de José Leonardo Ortiz ha retardado más de un año la reinstalación, lo que corresponde es reiniciar este trámite (ante el Séptimo Juzgado Civil)”, agregó.

Sobre la posibilidad de presentarse un conflicto ante la resistencia de los trabajadores, Isla Montaño aseveró: “Estamos tendiendo los puentes de diálogo con los trabajadores porque pretendemos que la reinstalación sea en un clima de paz social y laboral, consideramos que el costo social debe ser cero”.

Finalmente, se refirió al escrito presentado por la administración de Marcelino Llontop sobre el pago de la deuda pendiente por parte de la empresa agroindustrial.

“El saldo pendiente de pago tendrá que ser definido en una pericia por el Poder Judicial, aún no se encuentra determinado, todavía no hay ninguna liquidación aprobada, lo que ellos tienen es una liquidación de parte, que no tiene ningún valor”, expresó el abogado del Grupo Oviedo.