Detectan perjuicio de más de S/2 millones por asignaciones dadas a personal de la UNPRG

Una auditoría realizada al manejo de los fondos en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo (UNPRG) detectó presuntas irregularidades en el pago de asignaciones para el personal de esta casa superior de estudios.

La Contraloría vincula al rector de la universidad, Jorge Oliva Núñez, a y otras 16 personas en la entrega de asignaciones especiales que ocasionaron un perjuicio económico de más de 2 millones y medio de soles.

HECHOS

La propuesta fue respaldada el 17 de mayo de ese año, y un mes después, el rector Jorge Oliva Núñez aprobó provisionalmente -mediante cuatro resoluciones- una escala de asignaciones por función directiva dirigido al personal que ocupase cargos de la alta dirección.

Del mismo modo, autorizó una escala de asignaciones por responsabilidad directiva al personal administrativo que ejerció jefaturas de oficina.

La máxima autoridad universitaria también autorizó a los decanos de facultades a implementar una escala de asignaciones.

Todos estos cambios se ejecutaron teniendo como sustento el acuerdo del Consejo Universitario y los informes de las oficinas de Planificación y Presupuesto y de Asesoría Jurídica.

Sin embargo, la Contraloría señala que estos informes no plasmaron las prohibiciones presupuestales que estaban previstas en la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto y la Ley de Presupuesto Público del año fiscal vigente en aquel entonces (2016).

Pese a esto, las resoluciones firmadas por el rector fueron ratificadas por el Consejo Universitario y los decanos de facultades emitieron sus respectivas actos resolutivos para continuar con el procedimiento.

Finalmente, las asignaciones fueron ejecutadas y pagadas por los responsables de la administración de fondos públicos de la UNPRG "sin que se ejerza objeción alguna", según sostiene la Contraloría.

La auditoría concluye que los montos entregados al personal de la universidad provocaron un perjuicio económico de 2 millones 859 mil 891 soles.

Para la Contraloría, el proceso llevado en la universidad vulneró la Ley Marco de la Administración del Sector Público, la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, la Ley de Presupuesto del Sector Público así como la Ley Universitaria (N° 30220).

En base a los comprobantes de pago que verificó la Contraloría, los cuales se emitieron durante el 2016, se pagó un total de S/1'899,930.67 en asignaciones por función directiva a personal docente (tanto autoridades como funcionarios) y otros S/ 67,717.33 para el personal administrativo por haber asumido responsabilidad directiva.

Entre lo beneficiarios figuran el rector Jorge Oliva Núñez, el vicerrector académico Bernardo Nieto Castellanos y el vicerrector de investigación Ernesto Hashimoto Moncayo.

También aparecen los entonces decanos de 14 facultades, dos excoordinadores de la desaparecida filial de la UNPRG en Cutervo (Cajamarca) e incluso dos trabajadores a quienes la Contraloría no les identificó algún cargo.

De las 16 personas involucradas en los hechos, el órgano de control señala que diez de ellas tendrían presunta responsabilidad civil.

Se trata del rector Jorge Oliva Núñez, Luis Aníbal Espinoza Polo, Luis Gilberto Carrasco Lucero, Alfonso Tesen Arroyo, Antonio García Fernández, Nicolás Walter Morales Uchofen, Néstor Tenorio Requejo, Carlos Salvador Reyes Aponte, Virginia Mendoza Pescoran, y José Lino Huertas Maco.

Mientras que el resto de personas mencionadas en el informe son Ernesto Hashimoto Moncayo, Bernardo Nieto Castellanos (ambos, actuales vicerrectores en la UNPRG), María Rosario Verástegui León, Saúl Alberto Espinoza Zapata, Víctor Cornetero Ayudante, Juan Antonio Tumialan Hinostroza, y Ezequiel Baudelio Chavarry Correa.

La Contraloría recomienda que la Asamblea Universitaria disponga el inicio de acciones administrativas para determinar la responsabilidad de los funcionarios y servidores citados en los resultados de la auditoría.

Además, exhorta a la subgerencia de Control del sector Educación y Universidades de la Contraloría que informe los hechos a la procuraduría pública para que inicie la acciones legales.