El cuaderno de apuntes de "El Jefe" hunde a empresarios

En los próximos días el Poder Judicial deberá decidir si procede o no el pedido de prisión preventiva que interpuso la Fiscalía contra 10 representantes de empresas constructoras que incurrieron en actos de corrupción junto al exalcalde de Chiclayo, Roberto Torres Gonzales.

Se trata de empresarios ingenieros que habrían aceptado pagar coimas al encarcelado exburgomaestre, a cambio de resultar ganadores en procesos de licitación, que convocaba la Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCh) para la ejecución de millonarias obras o la venta de bienes o servicios.

Como era de esperarse, en la lista figuran los contratistas que estuvieron a cargo de ejecutar proyectos que le generaron sendas críticas a la exautoridad y edil y a sus principales funcionarios, debido a las irregularidades que se evidenciaron durante su ejecución.

Pero sobre todo, el requerimiento de prisión preventiva de la Fiscalía, es contra aquellos empresarios que ejecutaron las obras que aparecen en el cuaderno de apuntes de Beto Torres. En dicha libreta “El Jefe” llevaba nota de los “diezmos” que le iban pagando y también que le adeudaban los contratistas.

NOMBRES. Por ejemplo uno de los que podría ser encarcelados es Julio Otiniano Plasencia, representante legal del Consorcio Chiclayo. Él estuvo a cargo de ejecutar la obra de pavimentación en las urbanizaciones Campodónico y San Martín.

En su libreta Roberto Torres escribió que este empresario debía entregarle una coima de S/. 400 mil (equivalente al 10% del contrato de licitación); sin embargo solamente figura que le entregó adelantos de S/. 95 mil; S/. 55 mil y S/. 50 mil.

Del mismo modo, la Fiscalía pide que se imponga la medida coercitiva contra el ingeniero Miguel Jesús Gayoso Vásquez, representante legal del Consorcio Pedro Ruiz, quien estuvo a cargo de supervisar la obra de pavimento rígido y veredas en el casco central de Chiclayo.

“El Jefe” dejó escrito que el “arreglo” con este empresario por otorgarle la buena pro para la supervisión del citado proyecto, era de 133 mil soles, pero solamente le entregó a cuenta S/. 100 mil y le quedó adeudando S/. 33 mil.

Asimismo afronta pedido de prisión preventiva el contratista Juan Carlos Sánchez Gamarra, quien fue contratado por la MPCh para construir el parque Santísima Cruz de Motupe de la urbanización Remigio Silva. Su nombre tampoco figura en la libreta de “El Jefe” pero sí el proyecto que ejecutó y la coima de 30 mil soles que le habría entregado al exalcalde.

La Fiscalía también ha pedido que se restrinja la libertad a Jaime Zegarra Acuña, representante legal de la Corporación Norplast S.R.L., que obtuvo la buena pro para proveer de materiales de construcción a la MPCh para la obra de mejoramiento de las redes de agua potable en la avenida Luis Gonzales.

Con su puño y letra el exalcalde dejó escrito en su agenda, que por este contrato, el empresario favorecido le quedó debiendo la suma de 15 mil dólares.

También aparece la obra de pavimentación en el pueblo joven César Vallejo que estuvo a cargo del representante legal de la empresa Transportes y Ventas SAC, Mario Cabrera Cabrera. “El Jefe” dejó escrito que dicho contratista, le pagó 150 mil soles de coima y que le quedó debiendo S/. 50 mil.

En el cuaderno de apuntes también figura la supervisión a la citada obra, que estuvo a cargo del ingeniero Edwin Florentino Gómez Díaz; y aunque “El Jefe” no consignó ningún monto, la Fiscalía pidió el encierro del citado contratista .

Como se recuerda, el referido cuaderno de apuntes fue hallado en el dormitorio de la vivienda de “El Jefe” y ha quedado demostrado mediante una pericia grafotécnica, que su contenido fue escrito por el exalcalde.

Es por ello que la Fiscalía ha presentado dichos escritos como elemento de convicción para sustentar el pedido de prisión preventiva contra los empresarios.

Uno de ellos también es Alejandro Otoya Ortiz, de los contratistas favoritos de “El Jefe”, pues resultaba ganador en procesos de licitación que convocaba la MPCh para la ejecución de obras de pavimentación. La última a su cargo, fue en las calles del distrito de Chiclayo.

Todos estos empresarios, en su momento, fueron citados a rendir su manifestación en la Fiscalía; sin embargo la mayoría negó haber entregado coimas a Beto Torres; a diferencia de otros, que sí reconocieron haber actuado en contubernio con el exalcalde y decidieron devolver el mismo monto que le entregaron a modo de “diezmo” al exburgomaestre.

Esta demostración de querer colaborar con la justicia, les sirvió para que la Fiscalía decida no incluirlos en su pedido de prisión preventiva; pero requirió que se les imponga comparecencia con restricciones mientras continúan siendo investigados.

PRUEBAS. El fiscal Sergio Zapata Orozco obvió solicitar detención preliminar de 24 horas para los contratistas - tal como lo hicieron con otros imputados - debido a que cuentan con los elementos de convicción suficientes para requerir la prisión preventiva de 18 meses y sustentarlo en audiencia pública.

Por ejemplo la declaración de colaboradores eficaces y exfuncionarios que afirman haber sido testigos de cómo se “dirrecionaban” las obras y también los informes de la Contraloría General de la República, donde se advierte las irregularidades detectadas en cada uno de estos proyectos y el perjuicio económico ocasionado al Estado.

Quienes tuvieron un rol importante para concretar el acto de defraudación al Estado, fueron exfuncionarios de confianza del exalcalde Roberto Torres, quienes también han sido incluidos en el pedido de prisión preventiva por los delitos de colusión, cohecho y asociación ilícita para delinquir.

Se trata de profesionales que formaron parte de los Comités de Licitación de la MPCh que se hacían cargo de desaprobar a los postores que no tenían ningún “arreglo” con “El Jefe” y de favorecer a sus allegados.

En la lista figuran: Segundo Alcántara Chávez, exsubgerente de Logística; Ernesto Sánchez Vásquez, subgerente de Estudios y Proyectos; Fernando Fernández Bravo, exsubgerente de Tesorería; Ruben Stalin Rafael Campos, exsubgerente de Presupuesto y Estadística y Mercedes Ramos Suyón, exsubgerente de Logística.

La jueza Cecilia Grandez Rojas, del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de Chiclayo, deberá programar a una audiencia, para que la Fiscalía sustente su requerimiento y los abogados de cada imputando asuman la defensa.