Miles de familias de los doce pueblos jóvenes, ubicados entre Chiclayo y Pomalca, llevan años sin servicios de agua potable y desagüe, y la ineficiencia de la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento de Lambayeque (Epsel) los ha sentenciado a seguir esperando.
Tras las continuas quejas por la demora en la ejecución del proyecto de saneamiento, el cual quedó paralizado en enero de este año, la Defensoría del Pueblo intervino para verificar el estado de las obras y lo que encontró es preocupante.
El equipo legal de la Defensoría comprobó que el expediente de saldo de obra recién fue remitido al Programa Nacional de Saneamiento Urbano (PNSU) del ministerio de Vivienda, el pasado 23 de mayo, y se encuentra pendiente de evaluación para su aprobación y financiamiento por un costo estimado de 35 millones de soles.
A través del oficio N° 031-2025-EPSEL, el gerente de Ingeniería, Proyectos y Obras, Eduardo Díaz Orbegoso, se dirigió al director del PNSU, Eleazar Lozano García, para solicitar el financiamiento.
Al respecto, el jefe de la Oficina Defensorial de Lambayeque, Julio Hidalgo Reyes, señaló que es inaceptable que una obra tan vital esté detenida por más de 6 años, debido a que esto afecta el derecho fundamental al agua potable.
En distintas zonas ya existe riesgo a la salud pública por la presencia de malos olores y roedores. Muchas familias se abastecen a través de cisternas, ya que tras un acuerdo con Epsel se logró que este servicio sea gratuito, y usan pozos sépticos al no disponer de servicios higiénicos conectados a una red de alcantarillado.
SIN TRANSPARENCIA. “Epsel con sus malos funcionarios nos ha perjudicado. Son muchos años de exigir que nos brinden servicios de calidad y seguimos en malas condiciones. Aquí hay miles de moradores expuestos”, declaró para Correo, Lindolfo Fernández Pérez, presidente del Frente de Defensa de los Doce Pueblos Jóvenes.
Enfatizó que la EPS aún debe responder sobre qué destino tuvo la carta fianza que dejó como garantía el Consorcio Progreso por un monto de 10 millones de soles.
“Hay temas que por transparencia deben aclarar inmediatamente. Otro ejemplo es que el oficio no lleva la firma del gerente general, José Alejandría, y Eduardo Díaz no precisa al PNSU cuánto es el dinero que se necesita para el expediente del saldo”.
El dirigente afirmó que el abandono del proyecto también es responsabilidad de la Dirección Regional de Vivienda, de los congresistas y del gobernador regional, pues ofrecieron ayudar, pero solo fueron buenas intenciones. A estas alturas, tanto Fernández como sus vecinos se sienten burlados por Epsel. “Las tuberías están tiradas hace 6 años y quién garantiza que sí funcionarán. En la gestión de Manuel Yrigoyen (exgerentede Epsel) solo nos mintieron y luego fue premiado con un puesto en Piura”, cuestionó.
Cabe indicar que tras una segunda paralización e incumplimiento de plazos, Epsel resolvió el contrato con el Consorcio Progreso.
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