Estiman que red en UNPRG cobró más de S/. 2 millones

De acuerdo a los avances en la investigación fiscal sobre los presunto actos de corrupción cometidos por autoridades de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo (UNPRG) de Lambayeque, estas últimas se habrían apropiado, de manera ilícita, de un monto que supera los 2 millones de soles durante los años 2013, 2014 y 2015.

Así lo indicó la representante de la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lambayeque, Magaly Quiroz Caballero, durante la audiencia en que se resolvió ampliar la detención preliminar, por siete días más, para los catedráticos que fueron intervenidos el último domingo.

Como se sabe, la lista de autoridades detenidas la conforman: Luis Jaime Collantes Santisteban (vicerrector académico), Napoleón Pompeyo Vásquez Núñez (vicerrector administrativo), Juan Aguinaga Moreno (jefe de la Escuela de Postgrado) y José Gómez Cumpa (exdecano de la Facultad de Ciencias Histórico Sociales y Educación).

Mientras tanto, el rector Agustín Ramos García permanece prófugo.

ASIGNACIONES. La modalidad utilizada por la presunta organización criminal encabezada por Agustín Ramos, habría sido a través de las denominadas “planillas doradas”. Los ahora imputados, según las indagaciones, recibieron entre S/. 200 mil y S/. 300 mil adicionales al año por “asignaciones especiales”, concepto contemplado en una directiva del año 2010 que fue reactivada por el fugado rector.

Puesto que habrían recibido este dinero sin justificación, el Ministerio Público solicitó la detención preliminar de los implicados, a quienes investiga por el presunto delito de peculado agravado.

El pedido fue declarado procedente por el juez Segundo Adrianzén Cieza, del Juzgado de Investigación Preparatoria de Lambayeque. Durante la audiencia de convalidación de esta medida, la fiscal Magaly Quiroz recalcó también que persiste el peligro procesal de obstaculización de la investigación, debido a que los imputados son quienes manejan la universidad y es en dicha institución a donde se deberá acudir para recabar las pruebas necesarias en la investigación.

La fuga del rector Agustín Ramos y las circunstancias en que fue intervenido Juan Aguinaga Moreno (a punto de saltar hacia otra vivienda desde la azotea de su domicilio), contribuyeron también a sustentar la solicitud de la Fiscalía.

La representante del Ministerio Público solicitó también este tiempo para realizar diligencias como el levantamiento del secreto de las comunicaciones, secreto bancario y tributario de cada uno de los imputados, así como la revisión del material incautado y de la documentación que se solicite a las distintas instancias de la UNPRG.

NEGOCIA. A su vez, fuentes policiales señalaron que el rector Agustín Ramos García, cuyo paradero aún se desconoce, estaría dispuesto a entregarse siempre y cuando el Ministerio Público le otorgue determinadas garantías.

Se informó, así, que la investigada autoridad universitaria buscaría negociar con la Fiscalía para colaborar brindando información a los fiscales, a cambio de beneficios en el proceso.

Esto pese a que, como se sabe, los sindicados como cabecillas de una organización delictiva no pueden acogerse a la colaboración eficaz, situación que sería la de Ramos García.

DESIGNACIÓN. En medio de todo el escándalo, fueron asignadas autoridades transitorias para la UNPRG. Ayer, se anunció en conferencia de prensa que el Consejo Universitario había elegido a Carlos Loayza Rivas, exdecano de la Facultad de Ingeniería Civil, Sistemas y Arquitectura, como rector provisional, mientras que los cargos de vicerrector académico y director de la Escuela de Postgrado, quedaron en manos de Aníbal Salazar Mendoza y César Monteza Arbulú, respectivamente.

Esto mediante la resolución N° 372-2015-CU, con fecha 14 de julio, firmada por el mismo rector transitorio Carlos Loayza, quien aseguró que la decisión se dio de acuerdo a la ley, al tratarse del decano más antiguo de la casa de estudios. Asimismo, desestimó que pueda haber una intervención por parte de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu).

“La Sunedu no tiene competencia para intervenir universidades, hacerlo iría en contra de la autonomía universitaria que tenemos”, refirió. Además, calificó solo como “errores” los actos que habrían sido cometidos por las autoridades investigadas y dijo considerar, de manera personal, que el rector Agustín Ramos debería ponerse a derecho.

Quien cuestionó esta designación fue Jorge Oliva Núñez, elegido como rector de la UNPRG en los comicios realizados tras la promulgación de la Nueva Ley Universitaria y que Ramos García consideró inválidos en todo momento.

“Tienen un supuesto Consejo Universitario que no existe ante la ley, ni Asamblea ni Consejo Universitario, (...) han sido designados a dedo, pero ellos pueden colocar a la persona que quieran, la Sunedu no los va a reconocer”, aseveró.

Señaló también que esta designación sería “ilegal, no solo por estas circunstancias, sino porque existe un rector, que está prófugo, pero puede seguir gobernando pues aún no ha sido capturado”.