Fiscalía contra el Crimen investiga a la MPCH

Escrito por: Melissa Romero

De malas. La Fiscalía contra el Crimen Organizado realiza una investigación preliminar al municipio de Chiclayo, en base a una denuncia que involucra al alcalde, Marcos Gasco Arrobas, regidores y funcionarios.

Los hechos forman parte de la carpeta fiscal N° 36-2020 y fueron descritos por el presidente de la Asociación de Acreedores de la Empresa Agroindustrial (EAI) Pomalca, Jacinto Cayetano Gonzales.

Él recurrió al despacho fiscal para advertir que el concejo incurrió en actos ilegales y causó perjuicio al patrimonio de la azucarera.

Dijo que de esa manera, se benefició a inmobiliarias que habrían efectuado transacciones con el empresario, Víctor Becerril Rodríguez, procesado en “Los Temerarios del Crimen”.

NEXOS. En una sesión extraordinaria, desarrollada el 30 de enero, el concejo emitió la ordenanza N° 02-2020 que aprueba el planeamiento integral del proyecto “Los Jardines”, tras la solicitud de Proconsulting & Project Investment SAC.

Pero con esta norma se materializó el cambio de uso de las parcelas agrícolas Canclón 1,2,3,4 y 5.

Pese a las observaciones e irregularidades advertidas en el expediente técnico administrativo, los regidores de la mayoría votaron dándole respaldo al proyecto, pero en agravio de la empresa Pomalca.

Según el denunciante, no es lo único, pues el ingeniero Manuel Helmunt Mechan Wong, quien era gerente de Desarrollo Urbano, fue uno de los defensores de la propuesta de Proconsulting.

Él sería familiar de Fernando Wong Chia, el cual ostenta el 97 % del capital social de la empresa La Pradera, pero este ciudadano es sobrino de Becerril, que durante un periodo fue gerente general en Pomalca.

Otro aspecto denunciado fue el proceder de José Germán Flores Cabanillas, en calidad de gerente de Asesoría Jurídica. De acuerdo a Cayetano, Flores amenazó a los regidores al decirles que de no aprobar la ordenanza, la empresa recurriría al Indecopi con una denuncia por barreras burocráticas, lo que habría conllevado una sanción con multa de hasta 100 UIT.

Cayetano enfatizó que Gasco sí tiene responsabilidad penal, pues la asociación le comunicó las irregularidades en el expediente presentado por Proconsulting y el pago de una coima por parte de Becerril al exalcalde, David Cornejo, para el cambio de uso de Canclon en el 2018.

El regidor, Jonny Piana, recordó que observó el proyecto porque los dominios de las parcelas eran de enero, pero el expediente aprobado tenía informes de la gestión anterior.

Debido a los elemento, el presente caso iba a ser anexado a la investigación “Los Temerarios”, pero luego de un análisis el fiscal, Juan Carrasco Millones, ordenó la creación de una carpeta distinta, porque se estaría frente a un nuevo escenario criminal que requiere de una indagación para establecer las posibles responsabilidades penales, tal como se advierte en la disposición, de fecha 10 de agosto.