El Ministerio Público inició una investigación preparatoria contra nueve funcionarios de la Gerencia Regional de Salud (Geresa) de Lambayeque por el presunto delito de colusión simple. La pesquisa gira en torno a la contratación directa N.° 04-2022-GR.LAMB/GERESA-1, destinada a la compra de ambulancias urbanas y rurales para 34 establecimientos de salud en la región.
Hechos imputados a exfuncionarios
Según la disposición fiscal a la que accedió Correo, los funcionarios habrían favorecido de manera irregular al Consorcio Grupo Médico Lambayeque, integrado por la empresa Protec Medic EIRL, en un proceso de adquisición valorizado en millones de soles. La Fiscalía sostiene que existió concertación entre los servidores públicos y la representante del consorcio para defraudar al Estado.
Entre los investigados se encuentra Juan Alipio Rivas Guevara, ex gerente regional de Salud al momento de los hechos, quien habría liderado las coordinaciones para direccionar la contratación.
También figuran Marco Antonio Carranza Barces, exdirector ejecutivo de Administración; Paul Michael More Vásquez, exdirector de Asesoría Jurídica; Julio Humberto Albújar Ramírez, exjefe de Planeamiento Estratégico; y Julio César Ruiz Jara, exjefe de Logística, todos con cargos clave en el proceso de adquisición.
Asimismo, están comprendidos Carlos José Rojas Bardales, exencargado de la Unidad de Inversiones; Rafael Modesto Varona Vásquez, exfuncionario del área de inversiones; y Alina Cristina Ovalle López, también exfuncionaria de la Geresa. Todos ellos habrían contribuido a validar técnica y administrativamente el proceso de compra pese a las irregularidades señaladas en un informe de auditoría interna.
La empresaria Gissela Victoria Navarro Nieto, gerente general de Protec Medic EIRL y representante del consorcio, es investigada como cómplice, al haber presuntamente coordinado con los funcionarios públicos para beneficiarse ilícitamente de la adjudicación directa.
Diligencias fiscales
La Fiscalía Anticorrupción ha fijado un plazo de ocho meses para desarrollar las diligencias, que incluyen la toma de declaraciones, el levantamiento del secreto de las comunicaciones de los involucrados, y el requerimiento de información a la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) sobre las actividades económicas del consorcio.
La investigación está a cargo del Tercer Despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lambayeque.
