La Fiscalía Anticorrupción de Lambayeque solicitó que se impongan 9 meses de prisión preventiva al extrabajador de la Sunarp - Zona Registral N° II Sede Chiclayo, Rodolfo Silva Vásquez.
Este ciudadano es investigado por el presunto delito de cohecho pasivo propio.
El requerimiento del Ministerio Público ingresó ayer al Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria de Chiclayo, y se espera que, en las próximas horas, se desarrolle una audiencia para analizar dicha petición.
Según los graves elementos de convicción en este caso, Silva habría aprovechado su condición de registrador público de personas jurídicas para solicitar indirectamente dádivas por el monto de S/ 25 mil, en marzo y abril del 2022, y de ese modo realizar un acto en violación de sus obligaciones; esto es, la inscripción irregular del título N° 818247, consistente en el nombramiento de junta directiva de la Comunidad Campesina San Pedro de Mórrope.
Los indicios advierten que, en marzo del 2022, Silva fue contactado por Adderly Edwin de Jesús Sandoval Quesquén para la inscripción, acordando que esto se haría efectivo a cambio de dádivas.
Asimismo, la Fiscalía conoce que a través de Sandoval y de Daniel Octavio Chávez Gonzales, el denunciado logró que los depósitos se realicen a las cuentas bancarias de Jhonny Pablo Torres Tafur.
Respecto a su labor en la Sunarp, Silva no resolvió las tres oposiciones a la inscripción del título N° 818247, ingresadas los días 23, 24 y 30 de marzo de 2022; recepcionadas por él mismo el 31 de marzo.
Recién el 6 de mayo de ese año, la jefatura de Silva, mediante memorándum, resolvió que correspondía una inhibición.
Es así que el imputado alegó que “dio indicaciones” a su asistente de que el citado título “debía ser observado”, pero fue contradicho por el propio asistente registral, Jorge Armando Deza Villegas; según informe N° 2023-1, de la Zona Registral N° II.
Peligro de obstaculización
En cuanto al peligro de obstaculización, que es uno de los presupuestos para requerir la prisión preventiva, la Fiscalía ha establecido que Silva reclamó a Adderly Sandoval el haber brindado su número de cuenta para el pago de la coima.
Ello obligó a Sandoval a emitir una declaración jurada, de setiembre de 2022, alegando una supuesta deuda por préstamo de joyas para ocultar el verdadero motivo. También se comprometió con Jhonny Torres a devolverle el dinero para que desista de denunciar penalmente.
Otro punto en contra es que no cuenta con arraigo domiciliario (no tiene vivienda u otro inmueble a su nombre) ni con arraigo laboral. Es preciso recordar que el día de su detención, se emitió el resultado de un procedimiento disciplinario mediante el cual es destituido de la referida entidad pública.
Debido a su accionar en agravio del Estado podría recibir una condena de 6 años y 6 meses de cárcel.
Investigados con comparecencia
En este caso hay otros cinco investigados, y la Fiscalía Anticorrupción de Lambayeque pidió que se ordene la comparecencia con restricciones para dos de ellos. Se trata de Adderly Sandoval Quesquén y Daniel Chávez Gonzales.
Los demás implicados son José Arístides Santamaría Valdera, Wilson Cajusol Santisteban y Jhonny Pablo Torres Tafur.
LEE AQUÍ: Mafia exige S/ 50,000 a meretrices para dejarlas libres
VIDEO RECOMENDADO
