Hallan presunta responsabilidad penal en 20 exservidores de JLO
Hallan presunta responsabilidad penal en 20 exservidores de JLO

La Contraloría detectó presunta responsabilidad penal en 20 exservidores de la municipalidad de  por hechos cometidos durante la anterior gestión.

El informe de auditoría N° 724-2019 señala al exalcalde Epifanio Cubas Coronado dentro de un alista de involucrados en la entrega irregular de fondos públicos bajo la modalidad de “encargos”.

DETALLE

El dinero entregado a ocho exfuncionarios de confianza del exburgomaestre se ejecutaron, según los detalles del informe, sin ningún control aparente desde enero de 2014 a agosto de 2018.

En la cadena de personajes que habrían permitido el desembolso de más de medio millón de soles (S/507,297), la Contraloría menciona a Cubas Coronado y otras 19 personas.

Se trata de Walter Bernardo Torres Vera y Juan Carlos Grandez Orbegoso, exgerentes municipales; Edwin Zamora Millones, exgerente de Asesoría Jurídica; César Enrique Cueva Samamé, exgerente de Administración y Finanzas; Segundo Juan Suyon Escurra; quien fue responsable del manejo de cuentas del municipio; los también exgerentes de Administración Ever Eddie Asalde Zeña, Heber Alexander Flores Segura, James Barragán Marín y Mirian Zenaida Laos Barrios.

También figuran los exsubgerentes de Tesorería Alfredo Chunga Sandoval y Robert Napoleón Santa Cruz Gamarra, el exjefe de Imagen Institucional Alfonso Manuel Soto Sánchez, exgerente de Desarrollo Económico y Social Christian Paul Neyra Muñoz, el exsubgerente de Logística César De Los Ríos Pérez; el exsubgerente de Defensa Civil Edilberto Eneque Eneque.

Completan la lista Marco Antonio Santa Cruz Ramos, exsubgerente de Riesgo de Desastres; Pedro Pablo Nanquen Flores, quien estuvo a cargo de la caja chica central; y Carlos Antonio Díaz Piscoya, entonces responsable del manejo del fondo fijo para caja chica de la municipalidad.

Todos ellos tendrían, según la Contraloría, presunta responsabilidad penal por lo que se recomendó a la procuraduría pública del municipio asumir el inicio de acciones legales.

HECHOS

Por distintos montos, Rald Clay de la Piedra Arévalo, Carlos Anotnio Díaz Piscoya, Christian Paúl Neyra Muñoz, Alfonso Soto Sánchez, César Santiago de los Ríos Pérez, Pedro Pablo Nanquen Flores, Edilberto Eneque Eneque y Marco Antonio Santa Cruza Ramos recibieron dinero por “encargos” que no fueron justificados conforme a ley.

El proceso para el requerimiento, autorización, otorgamiento, utilización, sustentación, rendición y registro de los encargos otorgados no respetó la directiva N° 008-2013 del municipio.

Hasta la fecha de emisión del informe (20 de marzo de este año), la Contraloría determinó que el perjuicio económico provocado por los montos que aún no han sido devueltos o rendidos a la entidad edilicia llega a los 440 mil 42 soles.

Sin duda, quien recibió más fondos por “encargos” fue Rald Clay de la Piedra Arévalo, quien es investigado por otro conocido caso (denominado “Proveedores dorados”) que involucra a la municipalidad de Lambayeque.

Al exsubgerente de Logística se le autorizó dos anticipos para “actividades de evacuación de aguas y otros que se encuentren en estado de emergencia y desastres” por el monto total de S/330,000.

Los anticipos fueron autorizados con las resoluciones administrativas N° 06 y 09 del 2017, pero las actividades no correspondían a la descripción de un fondo fijo para caja chica, según la normativa.

Además, el monto superó “en exceso” el límite de 20% de una Unidad Impositiva Tributaria (UIT) que, para que el entonces (2017) correspondía a 810 soles.

A estas irregularidades se suma que los anticipos no contaron con los requerimientos respectivos -de la gerencia de Administración y Finanzas de la municipalidad- ni con las solicitudes de encargo.

De esa forma, no se fijaron los conceptos del gasto, montos, las adquisiciones o contrataciones a ser realizadas, entre otros detalles.

La Contraloría señala que Clay de la Piedra fue incluso más allá, al cobrar un cheque de 40 mil soles el mismo día que fue cesado del cargo por resolución de alcaldía (24 de abril de 2017).

Otro agravante fue que la anterior gestión permitió girar 3 comprobantes de pago a favor del exsubgerente pese a que estaba impedido de prestar servicios con el Estado por una inhabilitación vigente hasta septiembre de 2020.

Entre otras irregularidades, se determinó que algunos gastos tampoco se relacionaron con “la finalidad del encargo otorgado”.