Pablo Díaz Zeña, hijo de la consejera regional Manuela Zeña Nanfuñay y del juez superior de la Corte de Justicia de Lambayeque, Pablo Díaz Piscoya, labora, desde enero de este año, para la Municipalidad Provincial de Ferreñafe (MPF).
Es abogado y, claramente, tiene derecho a trabajar, pero ha venido haciéndolo en entidades estatales, lo cual, debido a su condición familiar, está prohibido por la Ley de Contrataciones del Estado.
De acuerdo a la resolución de alcaldía N° 009-2023, firmada por el burgomaestre, Polanski Carmona Cruz, Díaz Zeña ingresó a la comuna ferreñafana para desempeñarse, primero, como jefe de la Unidad de Gestión de Recursos Humanos.
Actualmente, presta servicios como personal de apoyo en la secretaria general de esa institución.
¿Qué dice la ley?. En lo que corresponde a este caso, el impedimento proviene del artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado, el cual precisa que los familiares directos o parientes de funcionarios públicos, no pueden laborar para instituciones públicas.
También está la Ley de la Carrera Jurídica y esta indica que los familiares de magistrados no pueden ejercer profesionalmente en servicios públicos ubicados en el mismo ámbito territorial donde ejerce cargo el juez (a).
Estas prohibiciones ponen en jaque al magistrado Díaz Piscoya. Él es juez titular hace varios años y podría asumir las consecuencias de lo sucedido ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ).
Y quien tampoco escaparía es la consejera Manuela Zeña. Tanto ella como su hijo tendrán que responder ante las instancias de control interno por el incumplimiento de la normativa de contrataciones.
Además, la Contraloría General de la República (CGR) deberá analizar en la hoja de vida de Díaz Zeña, pues tiempo atrás habría trabajado para la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) de Lambayeque, que es otra oficina del Estado.
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Suspendieron a jueza por caso similar
Un hecho parecido ocurrió este año con la expresidenta del Poder Judicial (PJ) y jueza suprema, Elvia Barrios.
La magistrada obtuvo una sanción de suspensión de 60 días, impuesta por decisión de la JNJ, luego de una investigación que determinó que el esposo de Barrios laboró para el Jurado Nacional de Elecciones (JNJ) en la ciudad de Lima.
Y a nivel local acaba de conocerse que el psicólogo Juan Carlos Silva Arenas, hijo del juez superior Carlos Silva Muñoz, trabajó el año pasado para la Unidad de Gestión Educativa (UGEL) de Ferreñafe.
Este hecho fue detectado por el Órgano de Control Institucional (OCI) de la Gerencia Regional de Educación.
Mediante el informe N° 35-2023, el OCI detalló que Silva Arenas fue contratado a pedido de la Oficina de Gestión Pedagógica para tareas de apoyo en psicología a 12 instituciones educativas de los niveles inicial, primaria y secundaria, y el desarrollo de actividades para 33 escolares con habilidades especiales de los distritos de Cañaris e Incahuasi. Por sus servicios cobró la suma de S/5,000.
En las conclusiones del informe, se advierte que habrían indicios de un direccionamiento a favor de un determinado proveedor.
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