Otra vez en la mira. La Fiscalía Anticorrupción de Lambayeque dispuso una investigación preliminar por la contratación de personal en la Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCH).
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Esto a raíz de una reciente revelación que hizo Correo, donde se detalló que 4 extrabajadores del restaurante “Ventarrón”, de propiedad de la familia del alcalde Marcos Gasco Arrobas, consiguieron ser contratados en la comuna chiclayana.
Los servicios se dieron entre setiembre del 2020 y febrero del 2021, representando un fuerte gasto para el Estado.
Diligencias
A través de la disposición N° 01, notificada a la MPCH, el fiscal Julio Taboada Ramón detalló que la primera etapa de diligencias se realizará por el plazo de 240 días.
Asimismo, en este documento indicó que su despacho requerirá a la Oficina de Logística los expedientes sobre las órdenes de servicio.
También solicitará informes respecto a los propietarios, socios y gerente de “Ventarrón”, a fin de programar sus declaraciones. Así como un pedido para conocer si los exservidores involucrados se desempeñaron en dicho establecimiento, ubicado en la ciudad de Lima.
Estos últimos también serán llamados a prestar declaración en el Ministerio Público en un momento dado, a fin de que brinden sus descargos sobre cómo llegaron a laborar para la MPCH, entidad que tiene como titular a Marcos Gasco, desde el año 2019.
Sospechas.
De acuerdo a la información obtenida por este Diario, Jordán Burga Mondragón, quien habría sido chef en el restaurante, figuraría en las órdenes de servicio N° 0652, 01259 y 00198 por el monto total de S/ 8 400. Sus dos primeros contratos fueron como promotor en la Subgerencia de Promoción de la Familia.
Mientras que el tercer contrato fue por labores de apoyo en trabajo de campo para el Centro Integral de Atención al Adulto Mayor (CIAM).
Un segundo caso es el de Leonor Guevara Sánchez, quien también percibió S/ 8 400, y habría trabajado entre octubre del 2020 y marzo de este año como promotora del CIAM y en la Oficina Municipal de Atención a Personas con Discapacidad (Omaped) Algo similar sucedió con Josué Edwin Delgado Medina, y Fabián Chuquipoma Vásquez, quienes fueron contratados como promotores sociales de la Omaped, y por ello se hicieron de sueldos de S/ 8 400.
Un quinto caso es el de Doris Haydee Llatas Quispe, a nombre de ella aparecerían órdenes de servicio por S/ 6 000, S/ 18 000 y S/ 12 000.
Son estas contrataciones las que han despertado dudas en el Ministerio Público y requieren de un pronto esclarecimiento.