La Fiscalía Anticorrupción formalizó investigación preliminar contra los que resulten responsables por los presuntos sobornos o entrega de coimas en la Gerencia de Desarrollo Vial y Transportes de la Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCh).
Los hechos fueron denunciados públicamente por Wilson Míñope Carbajal, representante de la Coordinadora Regional de Transporte Público de Lambayeque, quien aseguró que malos funcionarios e incluso regidores, recibirían sobornos para permitir la informalidad.
DETALLES. Ante las graves acusaciones vertidas por el dirigente en un medio local, las regidoras Giovanna Sabarburú Torres y Rocío Idrogo Barboza emitieron un informe dirigido a la alcaldesa, Janet Cubas, en el cual le solicitan tomar cartas en el asunto.
Es así que el gerente municipal, Carlos Paredes García, comunicó el contenido del informe a la Fiscalía Penal de Turno, la cual derivó el caso a la Fiscalía Anticorrupción de Lambayeque, asumiendo la investigación el fiscal Javier Idrogo Rodríguez.
“El ciudadano Wilson Míñope denuncia públicamente que se estarían repartiendo grandes cantidades de coimas para evitar la eliminación de la informalidad en el transporte. Asimismo, señala que la primera autoridad edil y regidores, estarían protegiendo y defendiendo la informalidad, a cambio de sumas de dinero que oscilan entre los 40 mil y 80 mil soles, pagados por empresarios corruptos y conductores que estarían habituados a corromper”, consta en la disposición del fiscal.
Ante la “sospecha inicial simple de la comisión de delitos de corrupción de funcionarios”, el fiscal programó el inicio de diligencias preliminares para el esclarecimiento de los hechos.
Es así que citó a las regidoras Sabarburú e Idrogo a fin de que rindan su manifestación el próximo 4 y 8 de julio, respectivamente. Del mismo modo, programó para el próximo 09 de julio al dirigente Wilson Míñope.
OTRO CRITERIO. Cabe precisar que el regidor Carlos Gonzales García también interpuso una denuncia en la Fiscalía Anticorrupción basándose en las declaraciones de Míñope, sin embargo, el fiscal Julio Pilco Goñas, tuvo un criterio diferente y archivó el caso.
“La noticia criminal contiene hechos genéricos (…) no se precisa quienes serían esos empresarios habituados a corromper a los regidores, no se precisa quiénes serían los funcionarios corruptos que estarían protegiendo la informalidad. Se habla de una bolsa de 40 y 80 mil soles, pero no se precisa de qué forma se habría entregado”, resolvió el fiscal sin citar a nadie.
Dos regidores refutan a Míñope
El presidente de la Coordinadora Regional de Transporte Público, Wilson Míñope, dio más detalles sobre las supuestas “bolsas” que funcionarios y regidores de la Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCh) recibirían a cambio de apoyar la informalidad.
“Los transportistas informales no tienen reparo en decir: ya le estamos pagando a un funcionario para que no intervengan mi paradero, estamos pagando a un regidor para que nos den la autorización, y nos preocupa con las acciones que a veces toma la autoridad municipal”, dijo.
El dirigente se refirió a la posición que algunos regidores de la MPCh asumieron, al parecer, en defensa de transportistas informales.
“Esto se estaría corroborando con las actuaciones de regidores en sesión de concejo. Hay un acta, donde un regidor pide la no intervención a la informalidad. También hay visitas que hicieron regidores a empresas de transporte informal para peticionar su autorización y destruir a los dirigentes que en su derecho piden la fiscalización a la informalidad”, aseveró.
RESPONDEN. Cabe indicar que Míñope se refería a los regidores Jorge Arévalo Chilón y Rogerio Custodio Cachay, quienes aclararon que solo exigen celeridad en la Gerencia de Desarrollo Vial y Transportes para formalizar a los transportistas.
“Los informales presentan sus informes técnicos y legales a través de todo un expediente completo a la oficina de Transporte, pero ahí duerme el sueño de los justos. Me comentan que tienen más de un año y a pesar que absuelven las observaciones, siguen en la misma situación, entonces resulta que nunca serían formales”, dijo Arévalo.
El concejal sostuvo que esta situación les conviene únicamente a los transportistas formales.
“Al formal no les convendría que haya más competencia. La competencia es muy buena porque hace que el mercado se ordene, incluso que se normalicen los pasajes, incluso que haya un mejor servicio, entonces ese es el propósito”, aseveró.
Por su parte, el regidor Custodio señaló que durante la actual gestión municipal se aprobaron ordenanzas para formalizar a los mototaxistas y colectivos; sin embargo hace falta que los funcionarios la apliquen con eficiencia.
“Las ordenanzas han sido aprobadas por unanimidad, pero hay dirigentes que sienten ofuscados cuando les tocan a sus informales. Es decir, muchos tienen permiso formal para 10 o 20 automóviles, para 10 o 15 combis, sin embargo, no respetan este número, han logrado incrementarlo en 30, 40, 50, 60, es decir ellos viven de la informalidad”, dijo.
ANTECEDENTES. En mayo de este año, el Poder Judicial sentenció a 3 años y 4 meses de cárcel a la inspectora de transporte de la MPCh, Ángela M.M.E. por el delito de concusión.
Esto, debido a que obligaba a los transportistas del paradero ‘Mogrovejo Cix’, ubicado en la calle Luis Gonzáles con Lora y Cordero, a realizarle pagos o ‘colaboraciones’, con la finalidad de no realizar intervenciones en su paradero y enviar sus vehículos al depósito municipal. Recibía montos de 50 a 100 soles mediante el aplicativo Yape.
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