El gobernador regional de Lambayeque, Jorge Pérez Flores, acumula más de 30 denuncias en el Ministerio Público, por supuestas irregularidades en su gestión.
No solo se le investiga por presuntos ilícitos penales, sino también por delitos contra la administración pública (corrupción) junto a sus funcionarios de confianza.
DENUNCIAS. De todas las investigaciones que afronta Pérez Flores, sorprendentemente 11 son por el presunto delito de nombramiento ilegal de cargo público.
Por obstinación o soberbia, al parecer el gobernador ha seguido designando en cargos de confianza a funcionarios que no cumplen los requisitos mínimos que establece la norma, pese a las advertencias de la Contraloría.
Tal es el caso de Félix Mío Sánchez, gerente regional de Turismo; Segundo Zeña Coronado, gerente regional de Trabajo; Margarita Romero Dávalos, gerente de Programas Sociales; Ana Vidaurre Ruiz, secretaria general del Gore; Luis Chipana Samaniego, asesor II del Gore, entre otros. Todos ellos investigados también por aceptación ilegal de cargo.
En diferentes Fiscalías Penales, también se ha formalizado investigación preliminar contra el gobernador por actos administrativos que, como titular del pliego, debió ejecutar.
Por ejemplo, una investigación por el presunto delito de desobediencia y resistencia a la autoridad en agravio del Poder Judicial y de Luis Arturo Gayoso Nunura.
Asimismo, una investigación en su contra por el supuesto delito contra la libertad de trabajo y asociación, seguido por la servidora Isabel Angulo Salazar.
También se le investiga por el presunto delito de omisión de funciones en agravio de la abogada Maritza Roxana Paz Acuña, trabajadora de la Dirección de Supervisión y Liquidación de la Gerencia Regional de Infraestructura.
El gobernador también es investigado por el presunto delito de ostentación de grado académico que no se tiene.
Esto, debido a que habría utilizado el título de Doctor en actos oficiales, pese a que no registra dicha condición en los datos de la Sunedu.
También, Pérez Flores es investigado como presunto autor del delito de abuso de autoridad, en agravio de Flor Saavedra López, vicegobernadora regional, a quien le recortó sus funciones.
Del mismo modo, el gobernador enfrenta una investigación por el delito de usurpación de función pública, debido a que emitió una resolución ejecutiva con su rúbrica, pese a estar de viaje y haber dejado encargada en la gobernación a Flor Saavedra.
CORRUPCIÓN. Asimismo, en la Fiscalía Anticorrupción, Pérez afronta investigaciones por el presunto delito de omisión de actos funcionales. Una de ellas por no cancelar la deuda social a docentes cesantes, pese a tener sentencias judiciales ganadas.
También porque no habría realizado ninguna acción preventiva o correctiva, obviando un informe de la Contraloría que le advirtió irregularidades en la licitación de la obra del Hospital Referencial de Ferreñafe.
Asimismo, el mandatario regional afronta cinco investigaciones por presunta corrupción: dos por tráfico de influencias, dos por negociación incompatible y una por peculado.
Como se recuerda, Pérez Flores fue comprendido en una denuncia junto a sus funcionarios de confianza por el pago de S/ 3 millones, con inusitada celeridad, que se otorgó a un contratista que obtuvo un laudo arbitral.
Asimismo, se le investiga por haber viajado a Roma para visitar al papa León XIV generando un gasto de $4977 por pasajes aéreos y $540 de viáticos por día, habiendo tramitado el permiso ante el Consejo Regional el mismo día.
El gobernador se ampara en Ley de Servicio Civil para exigir que el GORE solvente el pago de su defensa legal, proponiendo a diferentes abogados cuyos honorarios oscilan entre los S/10,000 y S/22,000. En total, son más de 300,000 soles, lo que le demandará al erario nacional las denuncias contra Pérez Flores.
Cada uno de estos casos, comprendidos en diferentes carpetas fiscales, son enumerados en las resoluciones que emitió la Gerencia General del GORE, durante el 2024 y 2025, con las que declaró “procedente” cada petición de Pérez Flores.
Diario Correo revisó cada una de las referidas resoluciones, verificando que el gobernador propuso a los siguientes abogados, quienes siempre piden siempre el mismo monto para asumir la defensa: Ángel Espinoza Anaya S/ 22,500; Tito Alberto Sandoval Santa María S/ 9,000; Danny Robert Lozano Díaz S/ 10,000; Jefferson Gerardo Moreno Nieves S/ 17 mil; Yesenia Guisela Chanamé Ramos S/ 15 mil; y Nestor Baltazar Manayay Asenjo S/ 10 mil.
Cabe indicar que la Ley N° 30357, Ley de Servicio Civil, señala que si al finalizar el proceso se demuestra la responsabilidad del funcionario, deberá reembolsar el costo de la defensa.
RECHAZO. Al respecto, el consejero Julio Sevilla Exebio, calificó de preocupante el gasto que le demanda al GORE las denuncias contra el gobernador.
“Me parece preocupante, es bastante dinero que va a pagar la región. Estoy en desacuerdo, pienso que el gobernador con el dinero que gana, puede pagarse un abogado y los lambayecanos no le podemos solventar la defensa que él quiere, porque habría cometido esos delitos”, aseveró.
Por tal motivo, cuestionó las aspiraciones políticas de Pérez Flores.
“Imagínese que clase de senador o presidente vamos a tener que quiere que el Estado le pague todo, esa es una mala manera de hacer política... Aquí se está aprovechando de los recursos del Estado”, acotó.
VIDEO RECOMENDADO
