La MPCh y su repertorio de exfuncionarios prófugos

Viven escondidos. Son nueve los exfuncionarios de la Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCh) que se encuentran prófugos de la justicia, tras haberse visto involucrados en las organizaciones criminales “Los Limpios de la Corrupción” y “Los Temerarios del Crimen”.

Se trata de personajes que, años anteriores, trabajaron en la MPCh siguiendo las órdenes de los exalcaldes Roberto Torres Gonzales y David Cornejo Chinguel, y ahora son buscados para que respondan por los hechos ilícitos que la Fiscalía les atribuye.

Actualmente, estos personajes se encuentran no habidos, a la espera de que la orden de captura que el Poder Judicial dictó contra ellos sea anulada mediante algún recurso impugnativo que interpusieron en instancias superiores.

CONDENAS

Tal es el caso de Carlos Mendoza Oliden y Washington Aliaga Marin, exgerentes de Infraestructura de la MPCh que estuvieron a cargo de la ejecución de obras y que ahora afrontan graves imputaciones por actos de colusión y entrega de coimas.

Carlos Mendoza se encuentra prófugo desde el 9 de junio de 2018, fecha en que la Segunda Sala Penal de Apelaciones confirmó la sentencia de 4 años y 8 meses de cárcel efectiva que se le impuso en primera instancia, por haber aceptado el depósito de una coima en su cuenta bancaria.

Diferente es la situación de Washington Aliaga, quien está no habido desde el 29 de noviembre del 2018, fecha en que el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de Chiclayo dictó mandato de detención preliminar en su contra por integrar “Los Temerarios del Crimen”.

A Aliaga se le imputa haber participado en el “direccionamiento” de obras de pavimentación a favor de determinados empresarios que entregaban coimas al exalcalde David Cornejo.

Lo mismo sucede con Yolanda Benavides Campos, Mercedes Yanina Ramos Suyón y Homero Vigo Quintana, quienes durante gestiones anteriores ejercieron la función de subgerentes de Logística de la MPCh y hoy se desconoce su paradero.

Yolanda Benavides afronta orden de ubicación y captura a nivel nacional desde el 25 de abril del 2017, fecha en que el Tercer Juzgado Unipersonal de Chiclayo la sentenció a 6 años de cárcel por realizar compras directas y fraccionadas de combustible a favor de la proveedora Ruth Zúñiga López.

Del mismo modo, Yanina Ramos se encuentra no habida desde el 21 de julio del 2017, día en que el Segundo Juzgado Unipersonal de Chiclayo la sentenció a 4 años de cárcel efectiva por continuar el mismo “modus operandi” para favorecer a la citada proveedora, también condenada.

A su vez, Homero Vigo es buscado desde el 29 de noviembre de 2018, fecha en que se desarticuló la presunta red criminal “Los Temerarios del Crimen”.

Según la orden de detención preliminar dictada en su contra, se le imputa haber adjudicado obras de rehabilitación de vías en Chiclayo a conocidos empresarios a cambio de beneficios económicos indebidos.

Otro exfuncionario que se encuentra no habido es Marco Medina Villena, quien también trabajó en la subgerencia de Logística como personal de apoyo integrando el Comité de Adjudicaciones Simplificadas que otorgó obras a contratistas a cambio de entrega de coimas para el exalcalde David Cornejo.

Destaca en el repertorio de exfuncionarios de la MPCh que están prófugos de la justicia el extesorero Fernando Fernández Bravo.

Su condición es de no habido desde el 15 de febrero de 2018, cuando el Juzgado Colegiado de Chiclayo lo sentenció a 8 años de cárcel por haber retirado 80,000 soles del Centro de Gestión Tributaria para sobornar a un perito fiscal. Esto, a cambio de que la pericia que realizaba sobre obras municipales resulte favorable al exalcalde Roberto Torres.

Por último, figura Norma Muro de Del Castillo, exsubgerente de Turismo, quien pasó nuevamente a la clandestinidad desde el 14 de mayo del presente año, cuando la Segunda Sala Penal de Apelaciones de Chiclayo confirmó la sentencia que se le impuso por integrar la red criminal “Los Limpios de la Corrupción”.

El Colegiado redujo la pena inicial de 4 años a 3 años y 10 meses, disponiendo su retorno al penal de Picsi, pero descontando los 36 meses y 22 días que estuvo encarcelada por mandato de prisión preventiva. Sin embargo, se niega a cumplir los 9 meses que aún le faltan.

El abogado Percy Panta Burga, en defensa de la madre de Katiuska Del Castillo, interpuso un hábeas corpus alegando que mediante una sentencia irregular se está vulnerando el derecho a la libertad de su patrocinada.

Del mismo modo, la defensa de los exfuncionarios sentenciados interpusieron recursos de casación ante la Corte Suprema, esperando que se declaren nulas las sentencias que los obliga a mantenerse escondidos.